El político de 62 años fue detenido a primera hora en su casa de Valencia, este de España, como investigado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales. La foto de Zaplana abandonando su vivienda detenido en un coche saltó a primera plana de todos los diarios.

La operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó registros de varios domicilios, incluido el de Zaplana, y al menos otros cinco arrestos, todos en el marco de una investigación por delitos contra la administración pública.

Considerado durante años una de las figuras con más poder en el PP, Zaplana presidió la Comunidad Valenciana de 1995 a 2002, fue ministro de Trabajo en el Ejecutivo de José María Aznar de 2002 a 2004 y portavoz del Gobierno de 2003 a 2004. En 2008 abandonó la política.

Su detención se dio por una nueva investigación, pero Zaplana aparece mencionado ya en otras grandes tramas de corrupción como "Lezo" y "Púnica", nombres bien conocidos por la opinión pública española que motivaron detenciones de otros líderes del PP los últimos años.

Las sospechas sobre un antiguo pilar del partido motivaron por eso una ola de críticas al PP y al Gobierno de Rajoy. "Es otra muestra de la corrupción que el PP esparce por todas las instituciones", señaló el socialista Pedro Sánchez, jefe de la oposición.

Rajoy evitó comentar el tema ante la pregunta de los periodistas tras un acto. El partido, en cambio, resolvió suspender de militancia a Zaplana y a todos los dirigentes que sean detenidos en la misma operación, adelantó el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, quien justificó: "Nadie es detenido por casualidad".

El goteo de escándalos golpea al PP sobre todo en dos comunidades, la Valenciana y la de Madrid. En la primera, el ex jefe del Gobierno regional José Luis Olivas fue condenado por fraude y su sucesor Francisco Camps está imputado por prevaricación y malversación.

En la Comunidad de Madrid, región donde se encuentra la ciudad de Madrid, el ex presidente regional Ignacio González fue detenido el año pasado como presunto líder de la trama "Lezo" de desvío de fondos a través de la empresa de aguas publicas Canal de Isabel II.

En las últimas semanas fue imputado por la misma trama el también ex presidente regional y ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, mientras que Cristina Cifuentes renunció este mes como presidenta de la comunidad por las sospechas de falsificación de notas en un máster.

Los problemas no acaban ahí para el PP. José Enrique Fernández de Moya, "número dos"  ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, fue citado a declarar como investigado el 5 de junio por posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y cohecho.

La "corrupción y el fraude" es el segundo problema que más preocupa a los españoles, por detrás del desempleo, según el barómetro publicado en marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tema dominaba ampliamente la agenda política en España hasta el estallido de la crisis independentista en Cataluña en septiembre. (AFP)