El pleno del Parlamento Europeo rechazó este jueves la nueva normativa europea sobre derechos de autor, sobre la que había surgido una relevante polémica porque, entre otras cosas, obliga a las plataformas digitales como Google, Youtube o Facebook a supervisar que los contenidos que los usuarios comparten en ellas no infringen normas de 'copyright'.

En concreto, 278 eurodiputados han votado a favor de comenzar las negociaciones con los países, mientras que 318 se han opuesto y 31 se han abstenido. Los eurodiputados deben pactar ahora una nueva postura negociadora, que será debatida y sometida a votación en el pleno que tendrá lugar en septiembre.

Durante los días previos a la votación se ha expandido por las redes sociales una fuerte crítica a las nuevas reglas bajo la etiqueta #saveYourInternet, que se ha centrado en dos artículos concretos, el 11 y el 13. El segundo de ellos obligaría a las plataformas digitales a controlar que los contenidos que comparten los usuarios no infringen derechos de autor.

En concreto, exigía que los "proveedores de servicios de la sociedad de la información" tomen las "medidas adecuadas y proporcionadas" para garantizar "el correcto funcionamiento de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos para el uso de sus obras".

El texto añadía después que, cuando no existan tales acuerdos, las plataformas digitales deben tomar también las medidas "adecuadas y proporcionadas" para garantizar "que no se compartan ni estén disponibles aquellas obras o trabajo que puedan infringir los derechos de autor", mientras que aquellas que no lo hagan deben permanecer disponibles.

Por otro lado, el artículo 11 de la directiva otorga a los medios de comunicación a reclamar compensaciones a aquellas plataformas digitales en las que se compartan sus artículos o fragmentos de los mismos, con el objetivo de que los editores de noticias puedan obtener una remuneración "justa y proporcionada".

Sería, por tanto, de un derecho renunciable que los eurodiputados quieren que se extienda durante veinte años desde la fecha de publicación del artículo. En este punto existía una importante diferencia con la postura de los Estados miembros, puesto que ellos abogan por limitar este derecho a un año.