El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe confirmó este viernes que avanza la causa contra dos empleadas del Estado que participaron de agresiones en perjuicio de un grupo de manifestantes a favor del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Publio Molinas, subsecretario de Derechos Humanos zona centro norte, manifestó una vez más “nuestro enérgico repudio a los hechos de violencia que tomaron estado público la semana pasada, cuando un grupo de personas bajo una supuesta identidad partidaria, agredieron violentamente a un grupo de manifestantes que se expresaban de manera pacífica”.
 
Asimismo mencionó que “otras denuncias están siendo analizadas por su posible relación con estas prácticas intimidatorias propias de los tiempos más violentos de nuestro país, que definitivamente deben quedar erradicadas”.

Molinas señaló que “particular atención ha merecido el caso de dos de las personas identificadas como parte del grupo agresor, a quienes se puede observar en distintos videos. Una de ellas se identificó como personal perteneciente al Ministerio de Seguridad, por lo que se solicitó su inmediato desplazamiento que ya ha sido llevado a cabo”. 

En tanto, comentó que otra de las agresoras “resulta ser personal docente de una escuela primaria de nuestra ciudad, por lo que se remitió a la institución y al Ministerio de Educación el correspondiente pedido de apertura de sumario administrativo, a fin de dilucidar si su comportamiento se condice o no con el perfil que esperamos de una docente”.

“No hay en el Estado lugar para este tipo de actores que abiertamente promueven y reivindican la violencia y la intolerancia”, insistió.

En un comunicado, la secretaría confirma que denunció lo sucedido e implementó “todas las medidas necesarias tendientes a esclarecer los hechos, además de proponer y coordinar acciones interministeriales que den un mensaje claro y contundente de que este tipo de intimidaciones no pueden tolerarse ni pasar desapercibidas en un sistema democrático”.
 
“Inmediatamente anoticiados de los hechos de referencia, tomamos contacto directo con las víctimas, brindando contención y asesoramiento integral, resguardando y garantizando la seguridad en las siguientes manifestaciones, y remitiendo las declaraciones al Ministerio Público de la Acusación” (MPA). 

En ese sentido, aclaran que “se solicitó intervención a la Fiscalía de Género y la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, ante la posible comisión de delitos por parte del personal policial apostado en la Plaza de Mayo el día de los incidentes”. Según explican, “se curso al Ministerio de Seguridad un pedido de informes para que se investigue el operativo policial dispuesto para la marcha y las acciones llevadas a cabo”.

“Estamos convencidos de continuar ensanchando los márgenes de la vida democrática, donde prime el dialogo y el respeto para alcanzar una convivencia más justa, comprometida y solidaria, nada justifica la violencia”, concluye el comunicado.