Cuatro personas fueron imputadas este jueves en el marco de una investigación que dirige la fiscal Mariela Jiménez por las agresiones cometidas contra un grupo de jóvenes que se manifestaban –el martes 7 de agosto– a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La audiencia fue celebrada este mediodía en la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas)

Los imputados son dos hombres y dos mujeres. Los hombres son FAM de 47 años y DAS de 49; por su parte, las mujeres son MIO de 54 años e IP de 26. Además, hay otras dos personas que también habrían cometido los ilícitos, pero aún no fueron identificadas.

FAM, DAS e IP fueron imputados como autores de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592. Por su parte, MIO fue imputada como partícipe secundaria de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas y autora de encubrimiento agravado, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592.

Los hechos

Los ilícitos que investiga la fiscal Jiménez fueron cometidos alrededor de las 18:00 del martes 7 de agosto en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe.

En las audiencias llevadas a cabo hoy, la fiscal del MPA detalló que “los imputados agredieron a los manifestantes mediante golpes de puño y mordidas, ocasionándole lesiones leves a una de las víctimas”. También detalló que “esgrimieron baristones en forma amenazante, tomaron de los cabellos a una de las personas que estaban en la plaza y también les dijeron frases intimidatorias con el objetivo de amedrentarlos”.

Jiménez explicó que “los ilícitos cometidos alentaron el odio contra el grupo de personas que estaban manifestándose en un espacio público –entre las que había menores de edad–, por lo cual debe enmarcarse en la ley 23.592 de actos discriminatorios”.

Expulsada del Ministerio de Seguridad

Vale recordar que el 22 de agosto se conoció la decisión del Gobierno provincial de discontinuar el contrato de Silvia Marcela Quiñonez, luego de identificarla como partícipe de los incidentes y de integrar la polémica agrupación neonazi Bandera Vecinal, a través del decreto 2247 que lleva la firma de Miguel Lifschitz.  La mujer trabajaba en la órbita de la Dirección Provincial de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Seguridad.

Además, el subsecretario de Derechos Humanos,  Publio Molinas, solicitó al Ministerio de Educación que aplique sanciones a la docente de la escuela San Francisco Isabel Ormaechea a raíz de la denuncia penal que pesa en su contra donde se la acusa de atacar por la espalda a una joven y arrastrarla del pelo en el mismo episodio.