El juez federal Sergio Torres ordenó la indagatoria y detención de su par en Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, al que acusó de ser el "jefe" de una asociación ilícita por la cual encubría a narcotraficantes que operaban en esa Ciudad y traían grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

Fuentes judiciales informaron a la agencia informativa Noticias Argentinas que, además, el juez en la investigación junto con el fiscal Carlos Stornelli y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)  Diego Iglesias, dispusieron la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau; y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días.  

Se trata de una causa vinculada por la cual ya está detenido desde hace meses y camino a juicio oral el entonces Intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces Vice, Fabio Aquino; y gran cantidad de personas, entre ellos gendarmes, policías federales y provinciales: ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron: contra el magistrado se investigan al menos una decena de pago de sobornos a cambio de protección. 

La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellos vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.