Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron ayer que se dicte la prisión preventiva al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario en licencia, Alberto Padoán; al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros, en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción, al apelar ante la Cámara Federal la decisión de procesarlos —pero sin prisión preventiva— tomada por el juez del caso, Claudio Bonadio.

"Se ha probado que los hechos juzgados ostentan las notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, ideadas, planificadas y perpetradas desde las altas esferas del poder público", sostuvieron los fiscales en el dictamen que será analizado por la Sala I de la Cámara Federal para decidir si hace lugar o no al pedido.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Carlos Bertuzzi intervendrán para resolver si confirman o no los procesamientos dictados por Bonadio, y eso incluye la decisión de dejar en libertad o dictar prisión preventiva en cada caso.

Por eso, los fiscales pidieron que confirme los procesamientos de Padoán, Rocca (actualmente en viaje de negocios), Abal Medina y los demás acusados, entre ellos, Hugo Larraburu (ex secretario del ex jefe de Gabinete) y Rubén Aranda (constructora Proalsa- Chimen Aike), pero que les dicte la prisión preventiva.

Los fiscales reclamaron esa decisión "sin perjuicio de la posibilidad de estarse a la libertad provisoria ya dispuesta para algunos de ellos".

Los roles de los acusados "adquieren una singular trascendencia puesto que ayudaron a estructurar un esquema de organización que excedió el mero acuerdo de voluntades de quienes decidieron participar", agregaron.

La fiscalía aludió a un "pacto ilícito acordado entre funcionarios y empresarios", de cuyos "beneficios muchos de ellos se valieron o usufructuaron".

El lunes pasado, Padoán había apelado el procesamiento que una semana atrás le impuso Bonadio. En la presentación, la defensa objetó al magistrado por no describir el rol que habría desempeñado el empresario en la asociación ilícita que, según el juez, integró.

Asimismo, la defensa del ex directivo de Vicentín negó los dos pagos de supuestas coimas que le atribuyó Bonadio al empresario.

Además, puntualizó que su patrocinado no estuvo en la Capital Federal los días que, según la resolución del juez, se concretaron sendas operaciones (500 mil dólares el 16 de septiembre de 2013 y un millón en la misma moneda el 6 de junio de 2015) y aclaró que tampoco dio la orden de abonar esas sumas. Bonadio también le trabó a Padoán un embargo por 4.000 millones de pesos.

Pocas horas después del procesamiento de Padoán, la Bolsa de Comercio rosarina reunió a su mesa ejecutiva, marco en el cual el empresario solicitó una licencia de seis meses, consideró que la resolución de Bonadio no se ajustaba a derecho y adelantó que iba a apelarla.

Al día siguiente, Padoán se presentó en los Tribunales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, para cumplir con un paso legal obligatorio luego de la oficialización de la resolución de Bonadio.

Por su parte, y apenas conocido el requerimiento de los fiscales, fuentes de Techint indicaron: "Se trata de una apelación en relación al fallo de Bonadio, que deberá resolver la Cámara Federal oportunamente. No tiene ningún efecto en la situación procesal de Rocca".

Padoán, Rocca, Abal Medina, Larraburu y Aranda fueron procesados como supuestos miembros de la asociación ilícita que montó una estructura ilegal de recaudación entre empresarios beneficiarios de obra pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.