Al menos cinco personas fueron detenidas este martes acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de seguridad de la represa de la minera Vale, cuya ruptura causó una tragedia en Brasil que ya suma 65 muertos y 279 desaparecidos, informaron fuentes oficiales.

Dos de ellos, detenidos en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, son ingenieros que no trabajaban directamente con la compañía minera Vale, sino que sus servicios habían sido contratados con otra empresa, de acuerdo a los agentes de la Fiscalía y de la Policía regional y nacional, a cargo del operativo.

Los otros tres, eran empleados directos de Vale y fueron capturados en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste).

Los sospechosos fueron detenidos de manera temporal, por treinta días, mientras las autoridades adelantan las indagaciones que corroboren las sospechas de fraude en los informes de seguridad.

Además de las órdenes de captura, expedidas por la justicia regional de Minas Gerais, las autoridades también adelantaron siete allanamientos en empresas contratadas por Vale y residencias de personas vinculadas con la compañía minera.

El objetivo de los investigadores es buscar la documentación técnica de las empresas contratadas que atestiguaron la seguridad de la presa que se rompió y corroborar si estos fueron alterados.

El viernes a la tarde una de las represas del gigante minero Vale ubicada en una mina de hierro en jurisdicción de Brumadinho, municipio de Minas Gerais, se rompió y un río con residuos minerales y lodo sepultó las instalaciones de la propia empresa y diversas viviendas en áreas rurales.

La tragedia se suma a la catástrofe ocurrida hace tres años cuando en el municipio de Mariana, también en Minas Gerais, ocurrió el derrumbe de un dique de la empresa Samarco, de la que Vale posee el 50%, que provocó la muerte de 19 personas y el mayor desastre medioambiental de la historia de Brasil.

Por la tragedia, la empresa minera Vale, la mayor comercializadora de hierro del mundo, recibió dos multas: una de 250 millones de reales (67,5 millones de dólares) del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, y otra del Gobierno de Minas Gerais por 99 millones de reales (26,7 millones de dólares).

Además, desde el viernes la justicia bloqueó un total de 12.000 millones de reales (unos 3.180 millones de dólares) de las cuentas de la compañía para garantizar el pago de las indemnizaciones a las víctimas y las reparaciones ambientales y de los daños provocados.

Fuente: UNO Mendoza