El juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, presentó su renuncia al cargo este viernes, según han confirmado desde el Poder Ejecutivo de la Nación y diversas fuentes judiciales.

El juez Sergio Torres había ordenado la detención del titular del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos que debía investigar.

Soto Dávila, juez federal con competencia electoral desde hace 22 años, no quedó preso, a diferencia de sus secretarios Pablo Molina y Federico Grau, porque tiene inmunidad de arresto.

El magistrado era conocido por los narcos como el “juez piola”, ya que a cambio de grandes sumas de dinero les otorgaba la libertad y facilitaba los movimientos de las organizaciones delictivas.

La investigación contra el acusado, estaba citado para el 26 de febrero a dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura, es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya posee más de 130 personas investigadas, entre las que se encuentra el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán, su entonces vice, Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales.

Se sospecha que el magistrado y sus secretarios transformaron el juzgado federal de Corrientes en un centro de operaciones donde desde 2010 hasta 2017 se garantizó la impunidad a esta banda narco, a los que se le secuestraron 20 toneladas de marihuana en ese lapso.

El juez federal Torres y su equipo llevan adelante una megacausa por el contrabando de marihuana en Itatí; participan de esa investigación el fiscal federal Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, con colaboración la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

Fuente: Mitre