Si hace unas semanas detuvieron al fiscal anticorrupción por cobrar una mordida para amañar un caso, ahora son tres ex presidentes de la Corte Suprema que están salpicados. No pueden apresarlos por el fuero que les protege y a dos de ellos será la Comisión de Acusaciones del Congreso, más conocida popularmente como Comisión de Absoluciones, la responsable de investigarles.

Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos y Camilo Tarquino tendrán que responder por "arreglar", supuestamente, algunos procesos. La investigación no partió de las autoridades de Colombia sino de la DEA , la agencia antidrogas estadounidense. Mientras escrutaban los movimientos del ex gobernador colombiano del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, para sobornar al Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, saltaron a la palestra los nombres de los citados personajes.

En una conversación grabada, Moreno y un socio -para tranquilizar a Lyons y garantizar que la fuerte suma que les pagaría surtiría efecto- aseguraron que los tres magistrados ya habían amañado sentencias y podrían comprarlos. Pusieron de ejemplo lo ocurrido con tres políticos -los senadores Hernán Andrade y Musa Besaile, y el ex gobernador Luis Alfredo Ramos-, a los que presuntamente ayudaron a cambio de dinero. Ramos y Andrade ya salieron a desmentir con rotundidad maniobras oscuras en sus procesos.