El gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene un pulso con sus adversarios, encabezados por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como mandatario del país, por una eventual visita de Bachelet.
Los opositores quieren que tenga acceso a familiares de políticos y militares en prisión, entre otros. Mientras Maduro dice que el país de la OPEP vive en plena democracia y se respetan los derechos humanos.
A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta informó que fue invitada al país, pero que “siempre que me invitan a un país, antes de ir, quiero asegurarme que las condiciones de mi visita garanticen que puedo cumplir mi papel como debería”.
En ese sentido, profundizó en que quiere reunirse con todos los involucrados. “Sería inútil ir a un país y una vez allí no poder reunirme con quien necesite. Creo que sería un fracaso en mi función”, manifestó.
Lo anterior, explicó en el registro, para poder emitir un informe completo de la situación y no uno sesgado.
Junto con anunciar la visita de su equipo, afirmó que continuarán monitoreando Venezuela desde Panamá, donde tienen un mandato.
La oposición y grupos de activistas han denunciado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela de cuerpos policiales, y que se ha usado evidencia dudosa en casos judiciales contra opositores.
La mañana de este miércoles, Michelle Bachelet entregó el informe anual de Derechos Humanos, reconociendo que en Venezuela existe una “violación de derechos políticos y civiles”.
“La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en la que las violaciones de los derechos civiles y políticos -incluida la no defensa de las libertades fundamentales y la independencia de las instituciones clave- pueden acentuar un declive de los derechos económicos y sociales”, declaró Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Si bien reconoció la crisis, afirmó que “esta situación ha sido exacerbada por las sanciones, y que la actual crisis política, económica, social e institucional es alarmante”. (Reuters)
