El escenario brasileño está siendo alterado por una serie de hechos que sacuden al país. El más notorio y con repercusiones internacionales es el escándalo que involucra el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. Las filtraciones de unos audios, que fueron dados a conocer por el periodista estadounidense Glenn Greenwald en The Intercept Brasil, develan como Sergio Moro, que estuvo a cargo en calidad  de juez de la causa Lava Jato, habría “guiado” a los fiscales, en especial a Deltan Dallagnol para crear pruebas al fin de inculpar a Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex presidente de Brasil e impedir que participe en las elecciones a la presidencia. 

Lula era el gran favorito y con él iba a regresar al gobierno el Partido dos Trabalhadores, PT. Lula terminó condenado a 12 años por hechos de corrupción pasiva y lavado de dinero, sobre la base de la “percepción” del juez y no sobre hechos comprobados, como manifestó Héctor Bernardo en su columna semanal en el programa Atlas Internacional que se transmite desde el Complejo Cultural Atlas de Rosario para LT9 de Santa Fe y Radio Ciudad de Venado Tuerto.

El hecho fue tapa de muchas agencias de noticias del exterior y se avivó el pedido de “Lula libre” a nivel internacional. Uno fue el de Bernie Sanders, el líder del ala más progresista del partido demócrata de los Estados Unidos. 

A nivel interno, el Colegio de Abogados de Brasil pidió por la inmediata liberación del ex presidente por vicios en el procedimiento penal que lo invalidan. El Consejo Nacional del Ministerio Público, examinará el intercambio de mensajes entre Moro y los fiscales. El Parlamento en su conjunto invitó al ministro a una sesión para dar explicaciones. Rogério Correia del PT había pedido que se lo convocara, con lo cual Moro se hubiese encontrado en la obligación de concurrir. Finalmente Cámara y Senado optaron por la invitación que no es vinculante. 

El presidente Jair Bolsonaro reaccionó apoyando al ministro Moro. Se presentó en público con él en el estadio de Brasilia en ocasión de un partido de futbol y lo condecoró con la medalla de la Orden de Mérito Naval en una ceremonia militar. 

La maniobra que condujo al encarcelamiento de Lula da Silva ha sido una clara aplicación de la Lawfare o “guerra judicial” mediante la cual se elimina al enemigo por las vías judiciales y que con la guerra mediática y el estrangulamiento económico configura la denominada “guerra híbrida”, con un poder altamente destructivo de personas, proyectos políticos, institucionalidad y democracias. Su teorización se encuentra en el libro Unrestricted Warfare escrito por Qiao Liang y Wang Xiangsui, ambos oficiales del Ejército Popular de Liberación de China, editado en 1999 y cuyo contenido ha sido retomado por los Estados Unidos que lo integraron a su doctrina militar en el 2001. 

Las revelaciones, que aún no terminan de ser totalmente develadas, ocurrieron en un momento en el que parte de la sociedad brasileña está expresando su inconformidad respecto a unas medidas que el gobierno quiere implementar. En mayo el sector educativo amenazado por un recorte presupuestario que va a influir negativamente en su desarrollo y calidad salió a la calle. Luego hubo una convocatoria a un paro nacional el 14 de este mes, al que participaron amplios sectores de los trabajadores con la participación de la Central Única dos Trabalhadores, CUT, en contra de la reforma previsional. Al paro adhirieron 45 millones de personas, según cálculos de los organizadores, en 25 estados de los 27 de Brasil, que fue ampliamente ignorado o disminuido por la prensa hegemónica.

El motivo del paro es la reforma previsional, que prevé privatización del sistema, aumento de la edad jubilatoria, entre otras medidas que no favorecen en absoluto a los trabajadores. La reforma presentada por el gobierno se encuentra en discusión en un Parlamento atomizado en su configuración y hay señales de que no será aprobada, un síntoma más de una relación gobierno-parlamento conflictiva, que crea dificultades al ejecutivo en la aplicación de sus políticas.

El Parlamento a su vez está siendo cuestionado por la Corte Suprema por los atrasos en debatir los proyectos ley ya presentados sobre la homofobia y transfobia que la misma Corte ha declarado en un fallo histórico como delito a penarse, en un país donde, vale la pena recordarlo, el presidente es declaradamente homofóbico.

Al interior del gobierno tampoco hay mucha armonía y se manifiestan grietas. En seis meses tres altos funcionarios el ejecutivo fueron destituidos por Bolsonaro, uno de ellos por ser sospechado de contactos con “candidatos fantasmas” en pasadas elecciones. El último a ser alejado del gobierno es el general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ministro de la Secretaría de Gobierno por tener serias diferencias ideológicas con Carlos y Flavio Bolsonaro, hijos del presidente y con el gurú del gobierno Olavo de Carvalho. 

La presidencia Bolsonaro enfrenta dificultades. La popularidad del líder sigue cayendo acentuadamente, aunque sigue teniendo un fuerte respaldo a su gestión. Ante este escenario, el presidente reacciona y se vuelca hacia los sectores más duros de la sociedad y sobre todo hacia los sectores militares más autoritarios, tratando de reforzar el poder que le han conferido unas elecciones supuestamente libres y democráticas, pero profundamente viciadas por la aplicación de la guerra judicial que termina quitándole legitimidad.

Adriana Rossi analista internacional

Programa Atlas Internacional transmitido desde el Complejo Cultural Atlas de Rosario para FM9, 105.5 de Santa Fe y Radio Ciudad 88.1 de Venado Tuerto.