Honduras es una tierra castigada, sometida a un gobierno dictatorial, según explica María Luisa Regalado, Directora de la organización feminista la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, entrevistada por Atlas Internacional. A las políticas neoliberales del presidente Juan Orlando Hernández se está rebelando todo un pueblo, a través de sus organizaciones, apoyando las protestas organizadas desde la Plataforma de Salud y Educación. 

Se piden mejores salarios, se dice no a los despidos, no a la reforma educativa privatizadora que vacía aulas y castiga a profesores y maestros, no a la reforma sanitaria que deja indefensa la población, no a la corrupción, que hizo llegar al poder al actual presidente. De parte de la Colectiva, institución que reúne distintas organizaciones feministas, se dice no a la violencia de género en general, no a los feminicidios que van en aumento, y que hace que ciudades como Choloma, en el norte del país, de donde habla Regalado sean lugares peligrosos para las mujeres. 

Honduras está en la calle y en la calle está la policía militarizada que reprime sin miramientos, que entra a las aulas de colegios y universitarias violando en este caso la autonomía de esas casas de estudio. El presidente Hernández ha militarizado el país sostiene Regalado “porque es lo único que sabe hacer” y se mantiene en el poder sólo por el apoyo que recibe de los Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia militar en el territorio a través de la base Soto Cano en Palmerola, la más grande que tienen en América Latina toda. De esa base con anuencia estadounidense, organizaba sus ataques la Contra nicaragüense en la época de la revolución sandinista en la vecina Nicaragua. 

“Honduras está teniendo un terrible retroceso a partir del golpe de estado de hace diez años”, afirma la directora de la Colectiva, haciendo referencia al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Electo con los votos de los liberales, Zelaya cambió de rumbo político y se acercó a Cuba y a la Venezuela de Chávez. Sus políticas permitieron un crecimiento económico nunca visto en el país, planes sociales y una disminución de la pobreza que hoy en día ha subido de nuevo y afecta, según estadísticas del 2016, al 66% de la población. Zelaya fue destituido por el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía de Estado que representan los intereses de la élite y fue sacado de su casa en pijama y enviado en esas condiciones a Costa Rica, por las Fuerzas Armadas. Fue el primer golpe institucional en América Latina, una nueva modalidad de golpe de estado que ya no involucra de lleno al sector militar como en los 70. Años después lo siguieron otros, el de Paraguay el de Brasil.

La dura represión de los organismos de seguridad, a la que se ha negado en algún momento un grupo de policías que protagonizó un paro de “armas caídas”, cansado de reprimir a maestros y médicos, está siendo condenada internacionalmente, desde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

Al pueblo, cuyos líderes hombres y mujeres están sometidos a persecución y han sido asesinados por defender derechos laborales, derecho a la tierra, derechos de las comunidades indígenas, protección ambiental y derechos de la mujer ante las élites y las corporaciones, no le queda muchas alternativas, la protesta acompañada por el pedido de que Hernández deje la presidencia o la migración. Esta última es impulsada además por la gran sequía producto del cambio climático, que está asolando el agro donde se pierden sembradíos y medios de subsistencia de los trabajadores campesinos.  

Las organizaciones se unen en redes, máxime las organizaciones feministas, en pos de estrategias para enfrentar esta crisis que se ha manifestado en estos últimos cinco año de un gobierno cuya “respuesta a cualquier demanda del pueblo son los militares, los que llegan no para resolver sino para reprimir al pueblo”, relata María Luisa Regalado. 

El Salvador hacia un futuro incierto

No son sólo los hondureños que salen de caravana hacia los Estados Unidos, con la esperanza o el espejismo de encontrar un futuro mejor. La migración es el gran tema que involucra a regiones enteras desde América Central a Mesoamérica y al Norte de América.  

Eduardo Espinosa, ex viceministro de Política de Salud de El Salvador desde 2009 al 2019 y actualmente miembro de la Conducción General de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, en Atlas Internacional aborda esta problemática desde una perspectiva regional. La política contra la migración del presidente Trump es un “claro intento de convertir a los países al sur de los Estados Unidos en policías migratorios de los países más al sur”, ya que “la actividad represiva se va a extender y se va a ir reproduciendo para impedir el flujo físico de los migrantes”.

Como la hondureña Regalado, Espinosa afirma que la represión no es la solución. “Las causas de las migraciones tienen que ver con el modelo de desarrollo hegemónico”, que genera un división internacional de la organización del trabajo y condena a los países subdesarrollado de América Central a mantenerse dentro de un universo de monocultivos atractivo para la explotación.  

El Salvador intentó otras vías con los dos gobiernos del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional, FFMLN, de origen guerrillera. Muchas las reformas que mejoraron los niveles de vida de la población y trataron de eliminar inequidades, lo que lo diferenció de los otros países del Triángulo Norte, como Guatemala y Honduras. A pesar de ello la violencia arrecia en El Salvador, el estado con la más alta tasa de homicidios en América Latina. Los actores de la violencia son las pandillas, nacidas en las calles de los Estados Unidos, trasladadas por la deportación de sus miembros a El Salvador y cooptadas por el crimen organizado y el narcotráfico que usa Centroamérica como corredor de la droga hacia el mercado estadounidense. Para enfrentar esta problemática hubo política sociales y de inserción de los jóvenes para que tengan la opción de salirse de ese universo criminal.

Sin embargo faltó profundizar todas esas reformas y políticas y el desgaste del gobierno allanó la llegada a la presidencia de Nayib Bukele, cuyo programa de gobierno, el Plan Cuscatlán, es indefinido, sin objetivos ni indicadores claros y muchas contradicciones. No obstante sus discursos están moldeado por la retórica neoliberal y sus actitudes lo señalan cercano a los Estados Unidos.

A pesar de que Honduras y El Salvador “son países un tanto diferentes” como afirma Espinosa, y sus trayectorias son distintas, la lógica del poder que se está desplegando se basa en un único núcleo de pensamiento, que es el que recorre el continente latinoamericano, que no augura tiempos de abundancia, ni de paz, ni de igualdad, bajo la mirada más que atenta del país que lo forjó, los Estados Unidos, que avanzan con sus proyectos neocoloniales y militares sobre territorios de América Latina.

Adriana Rossi analista internacional

Programa Atlas Internacional transmitido desde el Complejo Cultural Atlas de Rosario para FM9, 105.5 de Santa Fe y Radio Ciudad 88.1 de Venado Tuerto.