La decisión de un grupo de exguerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de retomar las armas parece haber conmovido a la población colombiana mucho más que los constantes asesinatos de dirigentes sociales o candidatos a las elecciones municipales y regionales del mes de octubre.

En algún lugar es lógico; la violencia de las diferentes guerrillas fueron —y todavía son— una dura parte de la vida cotidiana de la ciudadanía, que percibe angustiada el posible rebrote de una guerra a gran escala. De todas maneras, fue el propio presidente de Colombia, Iván Duque, quien —a través de un artículo en The Washington Post— le aseguró al mundo que se trata de “un pequeño número de criminales” a quienes calificó de “narcoterroristas” y de “pandilla que ha sido alentada, protegida y apoyada en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro”, interesada en “seguir con sus actividades de tráfico de droga”.

Más allá de considerar que Venezuela está detrás de este rearme —y que desde Caracas niegan enfáticamente— se pueden destacar dos elementos en los dichos del presidente. Por un lado, que es apenas un pequeño grupo el que decide alzarse nuevamente en armas. Con esta afirmación avaló los dichos de los principales dirigentes del partido FARC que dicen representar a la mayoría de los guerrilleros desmovilizados, además de “sentir vergüenza” y de pedirle disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional por el grupo que resolvió retomar la lucha armada. Por el otro, la vinculación que tendría este nuevo grupo con el tráfico de drogas, como si el tema de la droga en este país fuera patrimonio de las guerrillas. Hace muchos años que Colombia es el primer productor de cocaína del mundo y la pelea por su producción y exportación a Estados Unidos ha involucrado a numerosos sectores de la sociedad, lo que explica gran parte de la violencia que se prolonga por años. Vale la pena recordar que en la década pasada más de 60 miembros del Congreso fueron condenados por su vinculación con los paramilitares y el narcotráfico, y no eran precisamente simpatizantes de la guerrilla.

De cara a las elecciones de regionales de octubre, la Misión de Observación Electoral—MOE— señaló que desde el inicio del calendario electoral hace once meses hasta fines de agosto de este año fueron víctimas de violencia 364 líderes políticos sociales y comunales, incluyendo el asesinato de 91 de ellos.

La violencia en Colombia no es unidireccional y tiene muchas variables. Pero si utilizamos la frase “plata o plomo” atribuida al narcotraficante Pablo Escobar, podríamos decir que la disyuntiva en todos los aspectos es “paz o plomo”.

Por Pedro Brieger, columnista especializado de LT9 y Director del portal Nodal.am

Nota original en: cnnespanol.cnn.com