Así se desprende de un informe de la encuesta realizada este año sobre "Contextos de encierro en Argentina: derechos y garantías procesales, una lectura en perspectiva temporal 2013/2019", presentado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), por medio del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV).
Entre las características de esta población, el 50% tenía 30 años o menos al momento de su detención, el 42% cursó estudios hasta la primaria y el 76% estaba trabajando un mes antes de ser detenido.
En tanto, el 72% de las personas que ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales (43 por ciento) o vinculados a las drogas (19 por ciento), mientras que el resto fueron por homicidios (15 por ciento) y delitos sexuales (11%).
Por otra parte, según este informe, el porcentaje de reincidencia de los presos es del 39 por ciento.
Según el relevamiento, el respeto por las garantías procesales en 2019 no tuvo mejoras significativas en comparación a 2013.
«Se observa que los tiempos procesales se aceleran en 2019 respecto a 2013. El tiempo transcurrido entre la detención y la sentencia era de 2 meses o menos en un 18% en 2013 pasando al 29% en 2019», se indicó.
Durante este año, al 49 por ciento de los detenidos en los últimos 3 años la fiscalía les propuso un juicio abreviado.
En tanto, el 41% de losrecientemente detenidos han sido sentenciados bajo el proceso de flagrancia, procedimiento que permite resolver los casos donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inminente y juzgados mediante un sistema oral abreviado.
Por otro lado, se expone que las mayores diferencias en victimización dentro de la prisión se observan según edad y situación procesal.
En ese sentido, el 23% de las personas de 29 años o menos manifestaron haber sido golpeados en los últimos 6 meses, frente a un 9% de 30 años o más.
A su vez, al 41% de los condenados alguna vez le han robado sus pertenencias personales frente a un 28% de los procesados.
Fuente: Agencia NA
