Hoy jueves 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, fecha establecida en 1992 por la Asamblea General de ONU con el objetivo de fomentar acciones orientadas hacia la eliminación de barreras que impiden la integración plena de las personas con discapacidad.
Esa misma organización define a la discapacidad como “toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad”.
Según un estudio del INDEC (Diciembre 2018) el 10,2% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, o sea 10 de cada 100 personas adolecen algún tipo de limitación física o intelectual en nuestro país. Actualmente los adultos mayores y las personas con discapacidad representan más del 25% de la población mundial. A todas ellas les toca convivir con barreras urbanas -físicas o simbólicas- que impiden una participación activa en las ciudades. Desde la falta de acceso a servicios básicos como la movilidad, al disfrute de los espacios públicos, al empleo digno, hasta la vulneración de derechos elementales como la educación y la salud.
La ciudad es un factor determinante a la hora de garantizar derechos humanos fundamentales, por ser el ámbito que habitan y donde se desenvuelven las personas. Por eso cobra tanta relevancia el llamado ‘derecho a la ciudad’, una respuesta integradora que intenta combinar el ejercicio de una ciudadanía activa con criterios urbanísticos que lo posibiliten. Pero lo que impera hasta aquí es un modelo de urbanización que acentúa la exclusión social. La fragmentación urbana, la discriminación y la marginación plantean serias dificultades a la hora de garantizar igualdad en el acceso a oportunidades.
Según el Pacto Mundial “Cities For All”, una ciudad inclusiva y accesible es aquella en la que todas las personas, independientemente de sus medios económicos, género, etnia, discapacidad, edad, identidad sexual, estado migratorio o religión, están habilitados y capacitados para participar plenamente en las oportunidades sociales, económicas, culturales y políticas que las ciudades tienen para ofrecer.
La ciudad como obstáculo
Pero todo esto que venimos desarrollando se torna más complejo aun cuando el diseño mismo de la ciudad es parte del problema. Podemos clasificar las barreras físicas en tres grupos: 1) Barreras urbanas en el espacio público: que comprenden calles, veredas, espacios verdes; 2) Barreras arquitectónicas, en los accesos e interior de edificios; 3) Barreras de movilidad, en las diferentes modalidades de transporte. Y además de estas barreras físicas están las ‘barreras simbólicas’, aquellas que impiden la comunicación y comprensión de los espacios públicos y servicios.
Es necesario empezar a mudar progresivamente nuestra ciudad hacia la idea de Accesibilidad Universal, entendida como condición necesaria para garantizar igualdad de oportunidades mediante un diseño urbano que integre a todas y todos.
Para conseguirlo, es necesario concebir sin barreras todo nuevo diseño u obra -pública o privada- y empezar a adaptar progresivamente lo ya realizado con barreras. Se deben adecuar no solo los entornos, sino también los servicios, equipamientos, estructuras y condiciones administrativas, a las necesidades de toda la población.
Gobernanza y políticas públicas
Pero no es todo negativo a esta altura de la historia. Estamos también ante una oportunidad para los gobiernos de comenzar a planificar ciudades bajo nuevos paradigmas. A escala local, los gobiernos no deben intervenir solos. Las nuevas formas de urbanismo deben ser llevadas a cabo con participación de la ciudadanía y las organizaciones que vienen trabajando esos temas haciéndolos genuinamente parte de los programas.
Y allí se encuentra uno de los desafíos centrales, concebir una planificación con participación de grupos vulnerables: infancias, personas con discapacidad, adultos mayores y disidencias. Además de la dotación de presupuestos pertinentes y mecanismos de financiación para implementar políticas y estrategias para un desarrollo urbano inclusivo, los gobiernos locales deben poder sortear la carencia de herramientas de gestión, así como también deben crear modelos de evaluación eficientes e indicadores objetivos que permitan monitorear de manera efectiva esa inclusión. Deben estar dispuestos a experimentar e innovar.
Todo esto requiere de una visión de ciudad lo más amplia posible y un fuerte liderazgo desde la política, y con ello hablo tanto del Ejecutivo Local como del importante rol que puede y debe jugar el Concejo Municipal en la coordinación de un gran acuerdo interestamental -Ciudad, Provincia y Nación- que pueda mejorar los índices de inclusión, accesibilidad y derechos humanos para nuestra capital.
Joaquín Azcurrain
Referente Igualdad Santa Fe
