La fuerte suba del precio de los alimentos amenaza con complicar la situación económica y social. Los alimentos aumentaron un 42,1 por ciento el año pasado (6 puntos porcentuales más que el nivel general de los precios), y esa tendencia se mantiene hasta las primeras semanas de febrero, según releva el índice de precio de supermercados del CESO. 

A su impacto en la economía de las familias más humildes, que gastan una gran proporción de sus ingresos, se le suma su efecto en las negociaciones paritarias. Si bien el gasto de alimentos es menor en los empleados formales del sector privado, la evolución de sus precios -especialmente el de la carne- sigue siendo un patrón de referencia de los reclamos salariales. 

De esa manera, el alza de esos precios juega en contra del intento oficial de moderar los reclamos salariales para evitar que la inflación de los últimos meses se incorpore a la dinámica de la puja distributiva.

El Gobierno salió a reclamar a los empresarios del sector alimentario que moderen los aumentos, so pena de imponer retenciones y cupos a la exportación. La advertencia forma parte del histórico intento de los gobiernos populares de desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales. 

Un país que produce alimentos para abastecer a 400 millones de personas -en su equivalente calórico- debería poder alimentar a 40 millones sin que eso afecte significativamente sus exportaciones. Sin embargo, la fórmula para lograrlo todavía no fue descubierta y cada intento popular choca con la resistencia empresarial.

En este caso, las entidades rurales salieron a criticar al Presidente señalando que sus costos están dolarizados para justificar vender a precios también dolarizados los alimentos en el mercado interno. Para ello, desempolvaron una serie de estudios donde muestran que semillas híbridas, herbicidas, fertilizantes y arrendamientos de la soja y el maíz bailan al ritmo de la cotización del dólar. 

Sin embargo, esos insumos del sector en manos de empresas concentradas y los arrendamientos bailan también al ritmo del precio internacional de la soja y el maíz. Es decir, no están dolarizados sino fijados al nivel del bolsillo del productor. 

Las empresas concentradas suben sus precios cuando hay elevada rentabilidad en la producción agroexportadora. De la misma manera, el precio del alquiler de los campos acompaña la bonanza del sector. Así las retenciones que disminuya la rentabilidad del sector debería impactar moderando los incrementos de los insumos y los arriendos. Algunas regulaciones de precios de insumos y de los alquileres podrían ayudar a que ello suceda sin que intermedie el quebranto de los productores.

Por otro lado, una mesa de concertación con los productores de alimentos debe incluir a los productores concentrados de insumos y el debate por la renta de los dueños de la tierra. Sin dejar de lado a las grandes empresas que concentran la elaboración de alimentos finales y el supermercadismo que tiene poder de fijación de precio.

@AndresAsiain