El gobernador Omar Perotti firmó el 7 de junio pasado el decreto N° 830, que establece los criterios de distribución del Fondo de Financiamiento Educativo creado durante el primer kirchnerismo para llegar a una inversión del 6% del PBI en el área. El dinero asignado este año a la provincia de Santa Fe supera los 27 mil millones de pesos. De ese total, el 13% fluirá sobre municipios y comunas con algunas modalidades novedosas.
Es necesario hacer un poco de historia. En el año 2006 se concretó una viejo reclamo de los gremios docentes: aumentar el presupuesto y garantizar un piso de recursos para Educación. Se logró a través de la ley de Financiamiento Educativo, que fijaba el objetivo de llegar en 2010 al 6% del PBI de inversión en el área. La meta, en efecto, se cumplió.
Uno de los mecanismos utilizados para alcanzar ese propósito fue afectar dinero de la coparticipación a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires para gastos estrictamente ligados a este rubro y distribuirlo con idéntico criterio federal. Así se creó el llamado Fondo de Financiamiento Educativo.
Según esos mismos parámetros, el ministerio de Educación de la Nación estableció que en 2021 le corresponden a Santa Fe $ 27.002.929.221,90. Es una cifra levemente superior a la prevista en el presupuesto local de este año. De ese total, el 87% queda en el Estado provincial y el 13% se reparte a municipios y comunas de acuerdo a los coeficientes de la coparticipación interna. Esto es así desde que en 2013, el Congreso determinó que las ciudades y pueblos también participen del fondo.
Esa plata, recursos coparticipables al fin y al cabo, gotea de manera automática a las Provincias y de allí, en el porcentaje que corresponde, a municipios y comunas. No obstante, ese mismo año, el gobierno de Antonio Bonfatti dispuso que esa forma de distribución a los gobiernos locales se haga de acuerdo al aporte mínimo que cada municipio y comuna debe hacer al Fondo de Asistencia Educativo (FAE), creado en Santa Fe en 1968. El excedente, en el caso de que lo hubiera, se repartiría previa presentación de “proyectos” ligados al área.
En la práctica, lo que terminó ocurriendo es que ese dinero sometido a iniciativas de intendentes y presidentes comunales se derivó de manera casi total a las ciudades de Santa Fe y Rosario, por ejemplo para el pago de salarios del personal de liceos municipales o instituciones similares. Esa metodología continuó por años hasta que en 2016, los ruidos previos a la ruptura de José Corral y el radicalismo universitario con el socialismo detonaron un conflicto de proporciones no desdeñables, como más adelante se explicará.
Con la llegada de Omar Perotti a la Casa Gris, la cuasi exclusividad de las dos grandes ciudades se rompió. Y así, unos 15 municipios pudieron acceder a esos recursos a través de diversos convenios con la secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional al mando de José Luis Freyre, dependiente del ministerio de Gestión Pública.
Ahora, con el nuevo decreto, hay más cambios. Por un lado, los fondos de distribución automática con criterio FAE se empiezan a transferir desde el mes de julio del año en curso, mientras que en la gestión anterior se concretaba en enero del período siguiente. Por el otro, se especifica que los recursos excedentes se destinarán a “cubrir otros gastos de ‘función educación’ que se hayan efectuado en el ejercicio 2021 o se efectúen antes de finalizar el mismo”, por ejemplo los sueldos de los liceos municipales, o a “financiar gastos o inversiones de mejoramiento de la infraestructura del sistema educativo”, en este último caso con el visto bueno de una comisión conformada por representantes de los ministerios de Economía, Educación y Gestión Pública.
Según pudo saber LT9, la idea de la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, es que este último aspecto sirva como herramienta para ejecutar obras en las escuelas que permitan cumplir con uno de los objetivos de la ley nacional que dio origen a estos fondos: “Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas”. Es decir, que también los municipios, especialmente los de Santa Fe y Rosario, se comprometan a alcanzar esta meta aún en mora.
No será una tarea fácil, si se observa el antecedente de 2016 apuntado en párrafos anteriores. En aquel contexto, marcado por el entonces inminente divorcio de los socios mayores del Frente Progresista, la gestión municipal de José Corral hizo un reclamo formal a la Provincia por una presunta deuda de 86 millones de pesos generada por el no envío de los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo. La presentación, que incluyó la advertencia de concurrir a la Corte Suprema de la Nación, estaba basada precisamente en el excedente del criterio FAE. El argumento era que la ley original establecía que la distribución del dinero debía ser automática. Una reivindicación, paradójica si las hay, al gobierno de Néstor Kirchner.
