La expresión “quemar las naves” se suele atribuir a la decisión del conquistador de México Hernán Cortés de destruir sus barcos para evitar cualquier posible retirada en medio de la batalla. Salvando las obvias y enormes distancias, el espíritu de aquella determinación parece haber invadido al gobernador Omar Perotti cuando el martes instruyó, mediante el decreto N° 1024, al Fiscal de Estado Rubén Weder para que se allane a la acción de amparo presentada por el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y evitar así que la Legislatura lo suspenda en su rol de titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
Los argumentos que se exponen en el decisorio son varios, pero algunos se destacan especialmente. En primer lugar, la mención a dos elementos que formaron parte de la presentación judicial de Sain: que las presuntas faltas que se le endilgan fueron cometidas, en todo caso, durante su gestión como ministro, lo que lo excluye de su rol como funcionario del MPA; que aún así la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ya evaluó esas mismas conductas y el trámite fue archivado, con lo cual la prosecución del proceso sancionatorio implicaría una abierta violación al principio “non bis in idem”, es decir que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.
Y a continuación, un párrafo demoledor: “Que más allá de la probabilidad cierta de despacho favorable de la acción de amparo interpuesta, corresponde a este Poder Ejecutivo la valoración de la sustantiva trascendencia que la cuestión judicializada reviste, que determina expedirse en resguardo de la legalidad y el orden institucional, lo que tiene preeminencia a cualquier otra cuestión”. En criollo: si legisladores e incluso jueces no hacen valer el Estado de Derecho, el gobierno lo hará.
Además, Perotti advierte en el documento que si el resultado le fuera desfavorable a Sain se corre el riesgo de “responsabilidad internacional del Estado provincial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a los tratados admitidos constitucionalmente”, y “generaría un costo económico de consideración al erario público provincial, situación que es evitable en función del presente decreto”.
De esta manera, Weder hizo este miércoles la presentación correspondiente en el juzgado laboral de Rosario a cargo de Paula Calace Vigo, quien obró de acuerdo a las previsiones oficiales: “el allanamiento formulado por el Fiscal de Estado me exime de toda consideración sobre el caso concreto”. Esto es así porque el rol de este funcionario, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución santafesina, es el de “asesor legal del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los tribunales de justicia”. Traduciendo: la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura forma parte del Estado provincial, en consecuencia si su abogado se allana a la acción de amparo, la resolución judicial se activa de manera casi automática.
Hay otro elemento trascendente que menciona la jueza en su fallo. Sostiene que la presentación del Fiscal de Estado “aclara expresamente que excluye de sus fundamentos” la discusión sobre la constitucionalidad de la ley sancionada por la Legislatura mediante la cual hace suya la facultad de sancionar a funcionarios del MPA, argumento que sí había sido incluido en el amparo de Sain. “Por consiguiente, la sentencia consecuente al allanamiento no supone ningún pronunciamiento de mi parte sobre el control de constitucionalidad o convencionalidad de la legislación provincial en cuestión”.
Esta opción legal de Perotti no es casual: el martes, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró válida esa normativa. Y tal vez haya gatillado la decisión política del gobernador.
Esta audaz jugada oficial, no exenta de altos riesgos, conmovió al conglomerado opositor. Hasta el miércoles a la noche, la frase predilecta era: “los títulos de los medios y las redes sociales no son notificación formal”. Más allá de eso, el debate intestino era intenso e incluso habían surgido dudas de la postura que asumiría el socialismo, lo cual podría detonar la notable paradoja de que termine siendo el partido de la rosa, ferozmente enfrentado con Sain, quien lo salve.
Una razón ganaba fuera: se trata de un proceso de control legislativo constitucional, político y no judiciable. El volcán del conflicto de poderes haciendo erupción. ¿También la oposición quemará las naves?
