Dos sagas político-judiciales de máximo amperaje revelan las huellas de los diseñadores y constructores del sistema penal que arrancó el 10 de febrero de 2014 en la provincia de Santa Fe. Están ahí, a la vista de todo el mundo. Para quien quiera verlas, claro.
Por un lado, la telenovela que tiene como protagonista al ex ministro Marcelo Sain tuvo en estos días un nuevo y estruendoso capítulo, al menos si se lo mide en los términos del universo político. La auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, se presentó la semana pasada ante la Comisión Bicameral de Acuerdos, presidida por el radical pullarista Fabián Bastía, para dar precisiones del proceso interno que se lleva adelante sobre la jefa de Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, por haber presuntamente filtrado información confidencial al titular de ese ente, Sain, cuando gozaba de licencia por estar al frente de la cartera de Seguridad en el gobierno de Omar Perotti. El miércoles, el número 2 de esa policía judicial, Víctor Moloeznik, hizo lo propio en la Legislatura, en tanto fue quien inició la investigación. La acusada designó como abogado defensor a Juan Lewis, quien fue el máximo responsable del área de Justicia en la gestión de Antonio Bonfatti.
Aquí se llega a la primera gran huella. La acusada, la acusadora, el investigador y el abogado defensor tienen un punto de coincidencia: todas y todos fueron funcionarios políticos de los gobiernos del Frente Progresista. Subsecretaria de Asuntos Penales, Secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales, Director de Transformación del Sistema Procesal Penal y ministro de Justicia, respectivamente. Para mayores precisiones, buscar la columna “Incompatibles” publicada aquí mismo en junio pasado.
De hecho, el propio Sain asesoró a Maximiliano Pullaro cuando era ministro de Seguridad y, según sus propias palabras, fueron el dirigente radical y el fallecido ex gobernador Miguel Lifschitz quienes lo convocaron para asumir, concurso mediante, en la dirección del OI. A propósito: escuchas telefónicas legales demostraron en 2017 que el actual precandidato a senador de Juntos por el Cambio accedió a información sensible de causas judiciales a partir de diálogos con el jefe del MPA, Jorge Baclini, sin que por ello ambos debieran abandonar sus cargos.
En paralelo, el poderoso senador provincial del PJ Armando Traferri está citado para el lunes en calidad de imputado para prestar declaración indagatoria, en el marco de una causa en la que se lo investiga como posible jefe de una asociación ilícita dedicada a financiar la actividad política con dinero negro proveniente del juego clandestino. Esta convocatoria se concretó luego de que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery lograran una declaratoria de inconstitucionalidad de los fueros legislativos santafesinos, que impedían lisa y llanamente cualquier proceso judicial.
Y aparece la segunda huella. Esta supuesta organización criminal tenía, según los acusadores, la participación activa del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, quienes hoy están tras las rejas. La vinculación que surge de aquí, lógicamente, es con Traferri. Pero también debe decirse, de manera obvia al no haber sido nunca gobernador, que no fue el legislador sanlorencino quien envió sus pliegos a la Legislatura para ser designados. Lo hicieron Lifschitz y Bonfatti. Acotación al margen: Schiappa Pietra también fue asesor del ministerio de Justicia con el Frente Progresista.
Si se une la línea de puntos es bastante visible el cuadro completo. La nueva justicia penal de Santa Fe, que hoy se mastica a sí misma, tiene paternidad evidente: los acuerdos políticos que tejieron durante largos años la ex coalición gobernante y el segmento justicialista comandado por Traferri. Puede afirmarse, sin riesgo de equivocación, que el funcionamiento global del sistema no se limita a las dos historias aquí descriptas. Pero, es nítido, algo falló.
