Una alevosa maniobra de tergiversación sobre dichos televisivos de una joven piquetera en Buenos Aires y la jornada nacional de protesta realizada este miércoles por movimientos sociales en todo el país reinstaló por enésima vez la discusión sobre qué hacer con los programas de asistencia estatal, más conocidos como “los planes”, y especialmente sus beneficiarios, caracterizados despectivamente como “los planeros”.
Ya se mencionó semanas atrás en este espacio, a propósito de la daga clavada en el tema por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un revelador estudio de opinión pública de la consultora Zubán Córdoba, en el cual se observa que “aunque un 64% afirma que el próximo gobierno debería aplicar medidas de shock, ese porcentaje disminuye drásticamente cuando se les pregunta si ese shock implica que deberían sufrir un recorte en sus ingresos, un aumento en sus impuestos o una pérdida de derechos laborales. En Argentina, el ajuste debería recaer siempre en el otro. Los únicos ítems que mantienen niveles de consensos altos son la reducción de los planes sociales, la reducción de los subsidios a las grandes empresas y el castigo a la evasión fiscal”.
Algunos episodios ocurridos en los últimos días no hacen más que corroborar esa teoría. El multitudinario llenado de formularios para solicitar el mantenimiento de subsidios a las tarifas energéticas es un ejemplo evidente. Antes de que finalice la primera tanda correspondiente a los DNI terminados en 0, 1 y 2 ya se habían anotado más de 68 mil santafesinas y santafesinos de todos los segmentos socioeconómicos. A primera vista, varios de ellos ni siquiera estaban al tanto de que eran beneficiarios de esa ayuda estatal.
Otro caso notable es el de Billetera Santa Fe, un servicio usado masivamente por ciudadanos de todas las franjas sociales, particularmente la clase media. El viernes pasado, el gobernador Omar Perotti firmó un decreto para duplicar un presupuesto. Ya son casi 1 millón 600 mil usuarios. 24 mil millones de pesos de aporte público destinados a este fin en 2022, cifra que puede incluso incrementarse. Lejos de pedir que este subsidio cese, la exigencia unánime y ruidoso es que se aumente el tope de 5 mil pesos en el reintegro.
Hay algunos “planes” que son menos visibles, pero ciertamente voluminosos. El presupuesto 2022 enviado por el gobierno provincial a fines de 2021 y aprobado por la Legislatura, tironeos mediante, a principios de este año, dispone subsidios a la educación privada por cerca de 30 mil millones de pesos. Quien pretenda que ese dinero se vuelca sólo en escuelas parroquiales debe saber que los colegios más caracterizados de la ciudad de Santa Fe, con cuotas inalcanzables para las mayorías populares, cuentan con una plantilla docente subsidiada al 100%. En criollo: el Estado paga la totalidad de los sueldos de los educadores de esos establecimientos. Es obvio que sin ese aporte, el valor de los aranceles se multiplicaría exponencialmente.
Un buen parámetro de comparación para tomar idea de la magnitud de ese subsidio es identificar el rubro “Transferencias” del ministerio “planero” por excelencia: Desarrollo Social. Según el mismo presupuesto 2022, la inversión supera apenas los 12 mil millones de pesos. Es de decir, casi un tercio de los aportes de “nuestros impuestos” a la educación privada.
Es importante dejar en claro de que no se trata de un invento de Perotti. Es una distribución estructural del gasto, que excede los períodos de gobierno, más allá de algunas variaciones menores. Es el resultado de la capacidad de influencia de unos y otros sobre los recursos del Estado. Esa asimetría es indirectamente proporcional a su visibilización.
Porque, aunque “planeros” en realidad seamos todos, el “planero” siempre es el otro.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
