La Defensora Provincial, Dra. Jaquelina Ana Balangione, y Diputadas y Diputados provinciales realizaron este martes una inspección no anunciada en la unidad penitenciaria Nº 2 de Las Flores. La visita conjunta fue una iniciativa de la Diputada Lionela Cattalini, que propuso acompañar la dinámica de inspecciones de la Defensoría Provincial con la finalidad de relevar la sistemática vulneración de derechos humanos originada por el grave estado de situación del establecimiento y las lamentables condiciones de detención de las personas que se encuentran allí alojadas.

Cabe remarcar que la unidad penitenciaria Nº 2 cuenta con una capacidad máxima para alojar a 1073 personas, sin embargo, de acuerdo a los datos otorgados en el día de ayer por la Dirección General del Servicio Penitenciario, la cantidad de personas privadas de libertad asciende a 1370.

En este marco, las autoridades constataron las falencias de las condiciones edilicias y estructurales del centro de detención, mantuvieron entrevistas con los internos del pabellón asignado a los “ofensores sexuales” y visitaron la cocina del penal en la hora previa al almuerzo. Asimismo, monitorearon el estado de las celdas de resguardo, las que pese a su notorio estado de deterioro suelen ser utilizadas como espacios de reclusión de tipo preventivo. Vale destacar que desde hace algunas semanas la Defensa Pública presentó una acción de habeas corpus en virtud de la mala provisión de alimentos a los internos, provisión de colchones, entre otros.

En diálogo con Primera Mañana, el diputado Juan Cruz Cándido admitió que la situación es compleja y que el estado edilicio de la cárcel es calamitoso. “Se hace difícil la reinserción social de los detenidos y el control de lo que pasa adentro. Es difícil controlar con la situación edilicia de falta de energía eléctrica en algunas áreas. En el pabellón de resguardo, donde se alojan los detenidos con mayores medidas de restricción, las celdas tienen piso con agua, algunos no tienen colchones y duermen en una frazada en el piso”, declaró el legislador.

Agregó que “los presos también advierten la falta de asistencia médica y los problemas con la comida. Hubo días en donde no hubo pan porque el ministerio de Seguridad  no le había pagado al proveedor de harina los últimos dos meses para que los propios presos puedan fabricar su propio pan”. 

“Hay pabellones más ordenados, y otros que hacen imposible la reinserción y el control del servicio penitenciario. Tuvimos buena atención de las autoridades de la cárcel de Las Flores”, concluyó el diputado radical.

Otras acciones del SPPDP 

En los últimos años la población carcelaria creció en demasía. Actualmente, se encuentran alojadas 7788 personas cuando el total disponible de plazas es de 5995. Las unidades penitenciarias Nº 1 -Coronda-, 2 -Las Flores-, y 11 -Piñero- son las que sobrepasan en mayor cantidad el número de internos. 

Al mismo tiempo, las Comisarías de la Unidad Regional N 1 también se encuentran superpobladas de personas. Al día de ayer se encontraban alojadas 325 personas, cuando la población debería ser de 122.

En este sentido, el SPPDP ha interpuesto acciones para eliminar la situación crítica e impostergable respecto a la superpoblación y hacinamiento en los penales santafesinos. Respecto a las unidades de Coronda y Las Flores, la Defensa Pública interpuso un recurso de habeas corpus en el año 2018, al cual se le hizo lugar instando al Poder Ejecutivo a realizar un plan de obras para la atención y alojamiento de internos.

Cabe resaltar además el trabajo efectuado por el “Programa de asesoramiento integral y acompañamiento de personas condenadas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad en la Provincia de Santa Fe”, que de manera ininterrumpida colabora y asiste a los centros de detención para evaluar las condiciones de los mismos.

En cuanto a la unidad penitenciaria Nº 11, vale remarcar que este año la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe requirió al Poder Ejecutivo la adecuación de la población carcelaria al cupo judicialmente establecido en el año 2017 de 1372 internos, de manera progresiva. Además, se dispuso que se realice un monitoreo de la ejecución de la sentencia mientras persistan las condiciones de sobrepoblación carcelaria.