Rafaela viene siendo, desde hace muchos años, escenario de un debate de trascendencia provincial. Es que finalmente en diciembre de 2021 se sancionó -tras largos períodos de discusiones, propuestas, reclamos y lobby institucional- la Ordenanza 5331, que estableció nuevas reglas de juego para la aplicación de productos agroquímicos o fitosanitarios en la zona periurbana del distrito rafaelino.
Hasta esa fecha, Rafaela se había impuesto el respeto a una franja de 200 metros respecto de la línea del ejido urbano, en la cual no se podían aplicar fitosanitarios de ningún tipo. Pero la nueva ordenanza -surgida luego que la concejala Brenda Vimo propusiera trasladar ese límite a mil metros-, aprobada por impulso de la mayoría que ostenta Juntos por el Cambio en el Concejo rafaelino, tuvo un efecto contrario: estableció la nueva línea de prohibición en sólo 50 metros y habilitó que en la franja ubicada entre los 50 y los 200 metros se pudieran aplicar productos fitosanitarios de origen orgánico. }
Además, ordenó la creación de una comisión técnica encargada de la fiscalización de las aplicaciones, así como otras medidas anexas, entre ellas la constitución de una barrera arbórea en todo el contorno del ejido urbano y la instalación de mangas que señalicen la dirección y fuerza relativa de los vientos en la zona periurbana.
Estos cambios fueron considerados por organizaciones ambientalistas como una "regresión" en un interés general, como es la protección del medio ambiente. Con el respaldo del abogado local Enrique Marchiaro, presentaron un recurso en el marco de la Ley 10000, que protege los "intereses difusos" de la población, y la justicia dictò en agosto pasado una medida cautelar que dejó sin efecto temporariamente la aplicación del artículo que determinó esa posibilidad de utilizar fitosanitarios orgánicos dentro de los 200 metros del ejido urbano.
La causa recayó en el Juzgado Civil y Comercial de la Primera Nominación, que encabeza el juez Matías Colón, quien tomó una medida inédita: convocó a una audiencia pública que tuvo lugar en la mañana de este martes.
Durante dos horas, representantes de organizaciones ambientalistas, funcionarios municipales, concejales, técnicos y funcionarios del INTA, del SENASA, de colegios profesionales y representantes de organizaciones de productores, así como de la Fiscalía Extrapenal, desfilaron ante el estrado del juez para responder a un extenso y variado cuestionario que el magistrado formuló a los convocados.
Hubo, por supuesto, posturas diametralmente opuestas, pero el objetivo declarado del juez fue agregar información y despejar dudas que surgen del expediente, para sumar esas respuestas al estudio de la problemática de fondo, sobre la que ahora está pendiente un fallo para el cual la audiencia de este martes no tuvo carácter vinculante, sino solamente funcionó como fuente de información de primera mano.
