Dos colectiveros fueron detenidos este miércoles por la noche acusados por la agresión que el lunes sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en medio de una protesta por el crimen del chofer de la línea 620 ocurrido en la localidad de Virrey del Pino.

Los apresados fueron identificados como Jorge Galiano y Jorge Zerda y los operativos fueron realizados en conjunto por efectivos de la Policía de la Ciudad y la DDI Morón de la fuerza Bonaerense en las localidades de Merlo y Gregorio de Laferrere.

En ese marco, se realizaron allanamientos en la casa de ambos colectiveros y en la empresa en la que prestan servicio.

Los trabajadores están acusados por atentado a la autoridad y fueron traídos a la Ciudad, donde permanecerán en una alcaidía a la espera de sus respectivas declaraciones.

El fiscal Carlos Fel Rolero recibió el lunes pasado una denuncia de la Policía de la Ciudad y lo primero que hizo fue consultar al ministro, sobre si quería o no impulsar la causa: más allá que públicamente Berni había dicho que no, luego cambió de opinión y dijo que quería proseguir con el trámite de la causa.

Desde la Fiscalía, se empezó a trabajar primero con la gran cantidad de imágenes de cámaras públicas y privadas y cotejar con la declaración testimonial de los policías de la Ciudad que hicieron el cordón humano para proteger a Berni, y describieron a quienes lo agredieron.

Al ordenar las detenciones, el juzgado penal y contravencional porteño indicó que Galiano y Zerda "serían dos de los autores de los delitos investigados". No obstante, la investigación prosigue y otras personas podrían ser imputadas por la agresión al ministro.

Paralelamente a la investigación por atentado a la autoridad que lleva adelante Fel Rolero, otra fiscal, Valeria Massaglia, investiga el accionar policial en concreto la agresión de un policía de la Ciudad sobre un trabajador a quien atacó con su escudo golpeándolo a la altura del cuello.

Además, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, radicó una denuncia que tramita en la Justicia nacional donde tildó el hecho de "gravedad institucional" y pidió se investiguen los delitos de resistencia de la autoridad, intimidación pública y lesiones.