La asociación Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la Corte Suprema que convoque a audiencias públicas, tal como suele hacerlo en temas de alto impacto social, para definir sobre la continuidad o no de las causas por las torturas a los soldados que combatieron en la guerra de las Islas Malvinas.

“Presentamos un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para requerir la convocatoria a audiencias públicas en la causa que investiga las torturas que sufrieron los ex combatientes”, explicó Abuelas mediante un comunicado.

En ese contexto, la organización se presentó como “Amicus Curiae” (amigos del tribunal, terceros que no son parte pero que pueden aportar elementos para un fallo) “para poder expresar” su opinión sobre el debate en torno a los hechos.

Lo hicieron fundamentando el pedido en “la experiencia  recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura”.

“A 41 años de comenzado y finalizado el conflicto bélico del Atlántico Sur, más de un centenar de víctimas, exsoldados conscriptos combatientes de Malvinas aguardan una respuesta efectiva por parte del Poder Judicial de la Nación, respecto de la práctica de torturas a las que han sido sometidos merced al obrar de las Fuerzas Armadas Argentinas”, sostiene el documento.

“Siendo Abuelas una asociación compuesta por víctimas y familiares creemos ser idóneos para aportar lineamientos que echen luz sobre determinados aspectos del caso judicial”, añade el texto.

La Corte debe pronunciarse sobre si las torturas que sufrieron ex combatientes por parte de sus jefes militares durante la guerra son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, si resultan imprescriptibles o por el paso del tiempo ya se extinguió la acción penal.

La Justicia de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia habían considerado que las torturas aplicadas por los mandos militares a los soldados debían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptibles.

Pero la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese criterio y cerró la causa, lo que fue apelado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El procurador general interino Eduardo Casal recomendó a la Corte dejar sin efecto el fallo de Casación que, sobre la base de un fallo de 2009, consideró que las torturas no fueron delitos de lesa humanidad “sin expedirse sobre todos los planteos que resultaban conducentes para la solución del caso”.

Abuelas recordó que en el expediente hay 95 militares denunciados que han conseguido hasta ahora eludir la acción de la Justicia.

“Esta causa detenta un importante valor en términos del derecho a la verdad, tanto para las víctimas como para el pueblo argentino”, resumió la organización.