El Senado de la Nación aprobó, y convirtió en Ley, el proyecto que pretende fortalecer el sistema de justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe, impulsando la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, así como sus normas modificatorias y complementarias.
El proyecto se aprobó por unanimidad y fue puesto en consideración sobre tablas, ya que no pasó por comisiones y se aceleró su debate para intentar paliar la grave situación generada por el avance del narcotráfico en la provincia.
Los pliegos aprobados este jueves con 63 votos a favor del oficialismo y de la oposición son los del Juez Federal de Primera Instancia 1 de Rosario, Gastón Salmain; del conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Ernesto Cano y conjuez de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Mariano Longarini.
También se incluyó la designación de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, Elena Beatriz Dilario; del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz y juez Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, Pablo Montesi.
La iniciativa crea 27 cargos de fiscal federal penal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y 1 en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Además, abre 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción en el distrito federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Entre otros puestos, crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de garantía, con asiento en las siguientes ciudades: Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
El senador oficialista santafecino Marcelo Lewandowski argumentó que el tema combate “contra el narcotráfico no pasa solamente por fortalecer la justicia” y que se deben “cambiar muchas cosas de la actual policía de Santa Fe y de las acciones de la justicia”.
“Acompañamos esto que es solo una partecita de todo lo que tenemos que hacer para trabajar contra la violencia y que tiene al narcotráfico desde hace quince años en mi provincia”, mencionó Lewandowski.
En la sesión, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), se refirió a la ciudad de Rosario como "una jurisdicción que atraviesa un momento delicado" como consecuencia del narcotráfico.
Sagasti reclamó a la oposición que preste acuerdo para la designación de otros postulantes cuyos expedientes aguardan ser tratados y expresó que su "bloque tiene voluntad para traer el recinto decenas de pliegos con dictamen para cubrir vacantes del Poder Judicial de varias provincias".
Por su parte, la radical Carolina Losada señaló al gobierno nacional por “mirar para otro lado” con un “silencio cómplice e hipócrita” y los acusó de que “nunca les importó hacer algo por Santa Fe”.
El jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, señaló que “Rosario es la foto de un estado pre anárquico, donde la autoridad se esconde y se tiran la pelota entre el Estado provincial y nacional”.
“Pero el narcotráfico no está solamente en Rosario. Se es consciente del negocio de la droga, pero también de la falta de acción del Estado para frenarla”, indicó Naidenoff. Finalmente, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, indicó que “acá estamos dando un gesto de grandeza” al tratar “esto sin tener en cuenta lo que pasa en las otras provincias”.
“Como mínimo, llevará cuatro años para llenar esos lugares”, advirtió y destacó que “acá hay una crisis del poder judicial que afecta al sistema republicano de gobierno” y que “con cincuenta cargos no se va a arreglar el problema”.
Designación de cargos
Al inicio de la extensa sesión, el Senado había dado su acuerdo para designar varios cargos dentro de la justicia nacional que funciona en la provincia de Santa Fe y en sus alrededores, como ciudades de la provincia de Córdoba.
La Cámara alta respaldó la designación del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de Rosario, Gastón Alberto Salmain; la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Elena Beatriz Di Lario; y el juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Eduardo Daniel Rodríguez Da Cruz.
También se acordó la designación del conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba y de los conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; así como el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, Pablo Gustavo Montesi; y de la defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría 2, Ana María Blanco.
La sesión fue la primera en seis meses y contó con un temario extenso en el que se incluyó la aprobación de las denominadas Ley Lucio y Ley de Alcohol Cero, además de otras iniciativas como la de cardiopatías congénitas, la eliminación de la fe de vida para jubilados y pensionados y la eximición de Ganancias para las horas extras hechas por los trabajadores de la salud, entre otros asuntos.
