La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tomó cartas en el caso de Valentín Díaz Gilligan. Se trata de la fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos penales en el seno del Poder Ejecutivo.
Conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, la PIA abrió una carpeta por el caso del subsecretario de Presidencia saliente y comenzó a recabar información para determinar si hubo una irregularidad administrativa o un delito y, eventualmente, quiénes fueron los responsables.
La llamada "Unidad de Admisión y Detección Temprana" de la PIA, que monitorea posibles casos de irregularidades en el Estado, abrió una carpeta contra Díaz Gilligan tras la publicación del diario El País. Esa dependencia consideró que el caso superaba los "criterios de significación" fijados en estos casos, por lo que remitió el expediente a el Departamento de Litigio, donde se abrió una investigación preliminar.
Lo penal y lo administrativo
En el ámbito penal, la PIA se presentará en Comodoro Py para tomar vista de la causa que está en manos del juez Claudio Bonadio y de la fiscal Alejandra Mángano. Eventualmente puede prestar colaboración para agilizar la investigación.
En el plano administrativo, el organismo puede ahora requerir la apertura de un sumario. Si bien Díaz Gilligan ya renunció a su cargo, en la PIA no descartan evaluar si existió responsabilidad de algún otro funcionario por la omisión de la sociedad del Reino Unido que controlaba una cuenta bancaria en Andorra por más de $1,2 millones.
La fiscalía especializada tiene la facultad de recolectar elementos probatorios, como las declaraciones juradas de Díaz Gilligan públicas y reservadas, documentación de la AFIP y, si los hubiera, reportes de la UIF.
Además de la PIA, Díaz Gilligan deberá brindar explicaciones ante la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones y pidió información al exterior por presunto ocultamiento de información patrimonial del exsubsecretario General de Presidencia.
El kirchnerismo, en tanto, radicó una denuncia penal en Comodoro Py. La fiscal Mángano deberá definir si impulsa, o no, la investigación.
Fuente: La Nación/Maia Jastreblansky.