La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel 'Kelly' Olmos, convocó este martes a los gremios a "acompañar" las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y además les pidió su participación para "identificar a las empresas" que no cumplan con el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que adelantó que "se aplicarán multas" para las empresas que no efectivicen estas asignaciones.

“Las empresas que no paguen, tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, dijo en la radio online Futurock, y además recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios.

En un contexto de una serie de medidas económicas para recuperar el poder adquisitivo del salario y ante cierta resistencia de empresarios o intendentes locales a abonar un bono o una suma fija, Olmos sostuvo que "es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas" que incumplen con las medidas anunciadas.

"Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio", sostuvo la titular de la cartera laboral en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia y a la radio online FutuRöck.

Al ser consultada sobre si los trabajadores del sector privado o público que perciban el bono quedarán imposibilitados de comprar dólares, Olmos respondió: "No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha -cambiaria en el mercado de divisas-, queremos que vaya al consumo", remarcó en declaraciones con la radio on line Urbana Play.

Con respecto a los planteos realizados por intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC), la ministra de Trabajo insistió con que, desde el Gobierno nacional, invitan a los intendentes a "acompañar la medida".

En el paquete de anuncios se incluye el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado con ingresos netos menores a los 400.000 pesos.

En ese marco, Olmos aclaró que la "suma fija de 60.000 pesos es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina", en referencia al crédito con el organismo que pidió el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio (JxC).

"La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación (efectuada el pasado 14 de agosto). En las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas", explicó la ministra.

Por otro lado, Olmos consideró que en la Argentina "hay dos proyectos" en pugna que se medirán en las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre: "El proyecto del Gobierno es de la producción y el trabajo. Las dos oposiciones, en cambio, proponen el ajuste con represión como hizo - la candidata a presidenta por JxC- Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios".

En el Gobierno a los problemas "los enfrentamos y los resolvemos"

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, destacó este martes que Massa "toma la decisión de llevar adelante una cantidad de medidas de distintos ministerios", y de esa manera "acompañar el esfuerzo que hacen las familias argentinas para salir adelante".

"Los bolsillos de las familias argentinas están afectados por una devaluación, producto de una decisión que tiene que ver con una Argentina que está endeudada de manera catastrófica, por una decisión política del gobierno anterior", manifestó la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

La también candidata a intendenta por el partido bonaerense de General Pueyrredón remarcó que se tratan de "medidas necesarias en un contexto muy complicado", y que "cada ministerio tiene la obligación de dar cuenta de cómo vamos a hacer para acompañar en este contexto de dificultad". Y expresó: "Nosotros no negamos los problemas, sino que los enfrentamos y los resolvemos".

En un repaso de las medidas anunciadas en las que la Anses tiene participación, destacó la elevación del refuerzo para 5,1 millones de jubilados que cobran el haber mínimo de $ 27.000 a $ 37.000 para cada mes del trimestre septiembre-noviembre, además de un refuerzo adicional de $ 9.000 para 1,1 millón que percibe la mínima y realizó aportes por 30 años.

"Es un refuerzo que no requiere hacer ningún tipo de trámite, lo que estamos haciendo es que ningún jubilado cobre menos de $ 124.460", precisó, al tiempo que puntualizó el carácter "progresivo" del aumento para aquellos que percibe un haber superior al mínimo pero inferior al doble, que cobrarán la suma necesaria para alcanzar el monto mencionado.

También puso de relieve la suba del tope para el reintegro del IVA para compras con tarjetas de débito de $ 4.000 a $ 18.000, y señaló que "si uno gasta toda la jubilación con débito, se le devuelve un 15% de lo que cobró".

Respecto de los créditos de $400.000 para jubilados y pensionados, recordó que "se tramitan con turno, se pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas y la tasa de interés está subsidiada" de un 29% anual.

"Es un crédito muy conveniente, cerca de 600.000 jubilados ya accedieron", resaltó, además de plantear que "por eso el ministro Sergio Massa tomó la decisión de que también lleguen a los trabajadores en actividad".

Raverta explicó que en este último caso "todavía no se puede ir a nuestras oficinas a sacar un turno para este crédito, lo estamos terminando de armar", ya que "requiere de algunas cuestiones normativas y de sistema".

Al respecto, aclaró que están destinados a "trabajadores en relación de dependencia que no pagan impuesto a las Ganancias, con ingresos de hasta $ 700.000 mensuales".

"Medidas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, aseguró que el Gobierno toma "medidas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores", al volver al destacar el paquete de beneficios para paliar las consecuencias de la devaluación registrada después de las PASO.

"Tomamos medidas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Argentina tiene que poder continuar el sendero de la producción", dijo la funcionaria nacional en declaraciones a Radio 10.

La ministra había ratificado este lunes el refuerzo extraordinario sobre la Tarjeta Alimentar y un bono de $20.000 para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo como parte de la batería de medidas.

"Es un alivio. Tuvimos una devaluación impuesta por el FMI que buscamos compensar para que la canasta básica esté al alcance de los sectores más vulnerables", añadió la titular de la cartera de Desarrollo Social.

Además, como parte de las medidas, se determinó una prórroga por dos años del decreto N° 514/2021 que permite la compatibilidad de los trabajadores rurales con el programa Potenciar Trabajo con el objetivo de "aumentar la registración laboral" de ese sector y "acompañar a las familias que tienen empleo temporal.

"Los trabajadores que tienen tres o cuatro meses de cosecha, y que ahora además van a tener retención cero en sus exportaciones, podrán convivir con el Programa Potenciar Trabajo, para que el trabajador llamado 'golondrina' esté registrado. No hay excusas de decir que se pierden beneficios porque van a continuar", remarcó.

La funcionaria agregó que hubo "otra medida que pasó desapercibida", en referencia a la baja en el costo de la cuota mensual del Monotributo Productivo, que consideró "clave para lograr la registración de todos aquellos que tienen un trabajo informal y que emprenden alguna actividad productiva".

"No se quieren quedar enganchados en la famosa cuenta del AFIP porque hay meses que no pueden pagar los seis mil pesos de la categoría B, entonces directamente no se inscriben y están limitados en su posibilidad de ampliar su trabajo y se pierden una línea de crédito de Anses", apuntó.

Por eso, sostuvo que ahora el Monotributo Productivo "no genera deuda" y va a permitir facturar hasta la categoría B "con un aporte de solo 602 pesos" al mismo tiempo que el Ministerio de Desarrollo Social va a acompañar "en lo que reste aportar para hacer el aporte previsional para tu jubilación durante tres años".

"En momentos donde se discute el proyecto de Argentina de los próximos cuatro años, seguimos demostrado que con las enormes dificultades somos un gobierno que cree en la capacidad del Estado para seguir construyendo el sendero de la inclusión laboral", completó.

Controles de precios

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó este martes que los controles de precios serán "estrictos", básicamente a través de un sistema de trazabilidad que permitirá detectar eventuales distorsiones en la cadena de distribución de los productos que tendrán un aumento de hasta 5% mensual.

"Es importante la trazabilidad para controlar el acuerdo de precios. Cada producto tiene un código que nos permite leer diariamente el circuito desde su origen y realizar controles estrictos", señaló Castagneto esta mañana en una entrevista a Radio 10.

Castagneto, además, destacó que en estos controles será importante "la tarea social para que denuncien (eventuales incumplimientos del acuerdo de precios) porque nosotros actuamos permanentemente".

Por otro lado, el titular de la AFIP explicó la importancia del uso de las tarjetas de débito por parte de los jubilados y jubiladas, a partir de la mejora en el reintegro del IVA.

"Los jubilados que cobran hasta tres mínimas tendrán una mejora que pasa de 4.000 a 18.000 pesos en la devolución de IVA por el uso de la tarjeta de débito, una suba importante que se acredita directamente en sus haberes", explicó.

En cuanto a las otras medidas, destacó que "los monotributistas de las categorías A; B; C y D no pagarán el componente impositivo durante las próximos seis meses".

"El costo fiscal de las medidas ronda los $729.000 millones y surgen tras una devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI)", concluyó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.