La intención del Ejecutivo de proponer a ambos se conoce hace más de un mes, y desde un inicio la figura de Lijo despertó críticas tanto al interior del oficialismo como en sectores de la oposición.

En la Cámara Alta del Congreso, los candidatos deben obtener el aval de dos tercios de los legisladores convocados para sesión especial. Hasta el momento, los senadores del peronismo y aliados no han adelantado sus intenciones, lo que imprime un manto de duda sobre la posibilidad de que la iniciativa del Ejecutivo se materialice.

Por parte del oficialismo, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se expresó públicamente a favor de la candidatura de Lijo y dio a entender que los une una relación personal y de afecto. 

"Lo conozco mucho a Lijo. Lo conocí cuando él era un jovencito de 18 años que entraba a Tribunales y me atendía en Mesa de Entradas. No sólo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores", afirmó el funcionario.

Según el Decreto 222/2003, la cartera de Justicia debe publicar en el Boletín Oficial y en diarios de circulación oficial durante tres días el nombre y los antecedentes curriculares de los candidatos, lo que fue realizado este lunes. Tras ello, los dos nominados deberán presentar indefectiblemente sus respectivas declaraciones juradas de sociedades y bienes.

Luego de este paso, la ciudadanía y las organizaciones civiles pueden presentar en un plazo de 15 días sus objeciones puntuales, y posteriormente los nombramientos pasan al Senado para su votación.

La propuesta de Ariel Lijo para la Corte Suprema
En ambos casos se destacan los estudios, posgrados y antecedentes laborales de los magistrados. En tanto en el artículo segundo de la norma se deja establecido que para la preselección de los candidatos se tuvo en cuenta “el prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función”.

La propuesta de Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema
Además, se detalla que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, podrán en el plazo de 15 días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos”.