La puesta en marcha de esta importante experiencia en cuanto al modo de tramitar los pleitos en cuestiones "no penales" tiene lugar en el marco de un convenio de asistencia y cooperación técnica recíproca —celebrado en fecha 29 de noviembre de 2017, entre la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el gobierno provincial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación—, cuyo objetivo primario es la implementación efectiva de la oralidad en litigios judiciales que hasta la fecha tramitan de forma predominantemente escrita.

Se tiene en vista que estas nuevas prácticas redunden en la sustancial reducción de los plazos de duración de los juicios civiles y comerciales, así como que se logre concretar el principio de inmediación, acercando el juez a las partes en conflicto y a los profesionales que las asisten, incrementando también las posibilidades de lograr una mayor tasa de conciliación así como, en su caso, aumentando la calidad de las decisiones judiciales a partir del referido contacto directo del magistrado con los interesados, los testigos, los peritos y con los demás medios de prueba que se produzcan en el marco de audiencias orales.

Con este fin, a partir y en el marco de la normativa procesal vigente, los jueces implementarán una primera audiencia donde se intentará preliminarmente una conciliación, y en el caso que no se llegue al acuerdo, se plantee un verdadero "plan de trabajo", en la medida de lo posible, convenido con las partes, con fechas precisas, para llegar con la mayor rapidez y eficiencia posible a una audiencia de juicio concentrada —que será videograbada— con la presencia del juez y la participación de las partes. Esta audiencia videograbada, permitirá además acortar el tiempo que insume tomar una audiencia escrita debido a la fluidez del sistema y la falta de escritura como así también evitar errores en la transcripción de los acontecimientos. Al finalizar la audiencia el juez dispondrá normalmente de toda la información que requiere para llegar a una resolución, salvo que reste alguna prueba, lo cual sería la excepción y no la regla.

En un primer momento, la implementación de esta experiencia tendrá lugar en las ciudades de Santa Fe y Rosario, y en los juzgados de distrito en lo Civil y Comercial y Circuito.

Para la puesta en marcha del sistema se prepararon los recursos humanos y materiales adecuados, en orden a que esta experiencia piloto cumpla con los objetivos propuestos y sirva también como base para la futura ampliación a otras localidades y otros tribunales, así como para la eventual implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial que se está gestando para la Justicia provincial.

De este proceso en distintas etapas se dio participación a los Colegios de Abogados de las ciudades de Santa Fe y Rosario, posteriormente, se convocaron a charlas informativas en las sedes de estas entidades. También se extendió la participación a las universidades existentes en la provincia de Santa Fe.