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Denunciaron penalmente a los libertarios Gordo Dan, Agustín Laje y Agustín Romo por "incitación al odio"

El escrito señala que el grupo "Las Fuerzas del Cielo" representa "una amenaza concreta a los derechos y garantías" de los ciudadanos.

— Minuto Uno

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Junto a la diputada Mónica Fein, el diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó una denuncia penal este martes por los dichos de varios dirigentes libertarios en el lanzamiento de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo". Los apuntados ante la Justicia son Daniel Parisini -más conocido como “El Gordo Dan”-, Agustín Laje, Alejandro Álvarez, Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Fueron denunciados por “incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva”.

El motivo de la denuncia penal fue el polémico acto de lanzamiento de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" que se realizó el domingo en San Miguel, en el que Parisini la presentó como "el brazo armado" de La Libertad Avanza y "la guardia pretoriana del presidente Javier Milei".


Según explicaron en el escrito, "en una democracia constitucional, las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho". "La organización de un grupo que se autodenomina ‘brazo armado’ o 'guardia pretoriana’ no solo es contraria a la paz social, sino que representa una amenaza concreta a los derechos y garantías de todos los ciudadanos”, manifestaron.

Estas expresiones contienen una carga de violencia simbólica y directa, ya que incitan al odio y a la persecución hacia quienes puedan ser considerados 'enemigos' de este proyecto político", señala la denuncia".

"Además, generan una importante alarma social al promover la idea de que un grupo armado o paramilitar operará como garante del poder político, afectando la seguridad y la tranquilidad pública", remarca Paulón en el escrito.

El diputado y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ sostiene que "en una democracia constitucional, las expresiones que promueven el uso de la violencia como herramienta política son absolutamente incompatibles con los principios fundamentales del Estado de Derecho".


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