La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe cerró el período legislativo 2023-2024 con la aprobación de 157 leyes, en su mayoría por unanimidad o amplias mayorías, y coronó la última sesión con la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, después de 62 años. “Son números que dan cuenta de un trabajo sostenido durante todos estos meses en las reuniones periódicas de las comisiones y de labor parlamentaria, donde se discutieron, mejoraron y acordaron las propuestas para llevar al recinto”, resaltó la presidenta del cuerpo, Clara García, primera mujer en ocupar ese cargo en la provincia.

“De la totalidad de proyectos aprobados, 117 (75%) fueron votados por unanimidad, lo que expresa la voluntad de diálogo y la búsqueda de consensos que nos propusimos desde el primer día que asumimos en la Presidencia de la Cámara, y que fue acompañado por el conjunto de legisladoras y legisladores”, afirmó García. “Hemos aprobado leyes urgentes y otras que abordaron cuestiones de fondo; mensajes del Ejecutivo proyectos del Senado e iniciativas de las diputadas y diputados”, describió la legisladora, destacando en particular la reciente la sanción de la norma que inicia el proceso de reforma constitucional con 37 votos a favor sobre 50, después de sintetizar en un dictamen común los 9 proyectos presentados por miembros de distintos bloques. “Es un claro ejemplo de la manera en que trabajamos a lo largo de este primer año, que cierra con una ley de trascendencia histórica y refleja el cambio de época que vive la provincia”, resumió. En esa linea, también destacó La aprobación del Presupuesto 2025 con 44 votos positivos en la última sesión.

El trabajo legislativo arrancó en diciembre de 2023 con una batería de iniciativas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro para atender diversas urgencias. “Ese paquete de 26 proyectos aprobados en extraordinarias tuvo que ver fundamentalmente con la seguridad y la justicia, es decir, con un fuerte compromiso para devolverle la tranquilidad a la gente y para marcar un claro freno a la impunidad. La Ley de Emergencia en Seguridad permitió, al agilizar procedimientos administrativos, la incorporación de 1.000 móviles para garantizar el patrullaje en las principales ciudades y allí donde fuera necesario”, señaló García.

“Con la ley de narcomenudeo los fiscales provinciales hoy pueden llevar adelante investigaciones, derrumbar búnkeres y ordenar detenciones. Antes era una atribución de la justicia federal, con la falta de resultados que ya conocemos”, resaltó al tiempo que añadió la reforma al Ministerio Público de la Acusación, que permitió al organismo fijar una política más eficiente para perseguir el delito.

La titular de la Cámara baja también mencionó la modificación de la norma que regula las penas de las personas condenadas a fin de separar a los presos más peligrosos, que pasaron a estar bajo un régimen más estricto y restrictivo. Y la nueva ley de inteligencia, que permite gestionar información para prevenir el delito y dar batalla al crimen organizado. “En conjunto, estas herramientas fueron decisivas para mejorar las condiciones de seguridad, en especial en Rosario, lo que no marca un punto de llegada sino un camino que seguimos recorriendo y revisando”, aclaró.

Se sumó la emergencia en materia social, educativa y sanitaria con el objetivo de dar respuesta inmediata a los sectores más necesitados en un contexto de altos niveles de pobreza e indigencia, y poner en marcha distintos programas con la mayor celeridad. De la misma manera, con la emergencia hídrica y ambiental se atendió a localidades afectadas por distintos fenómenos climáticos.