La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que el Gobierno porteño deberá hacerse cargo del operativo de seguridad durante la marcha de jubilados convocada para este miércoles próximo miércoles 9 de abril. La orden judicial excluye de toda participación a las fuerzas federales que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El fallo fue emitido por el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, en el marco de un recurso de amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
En su resolución, Gallardo instruyó al Ejecutivo porteño a "abstenerse de permitir la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", salvo en los casos previstos en la Ley de Seguridad Interior. Además, ratificó la competencia exclusiva de la Policía de la Ciudad para intervenir en cuestiones de orden público dentro de la jurisdicción.
Esta determinación se da en un contexto de creciente tensión social y política, marcado por reiteradas protestas de jubilados que, en ocasiones anteriores, derivaron en represiones violentas y detenciones, generando un fuerte rechazo de organizaciones sociales, gremios y organismos de derechos humanos.
El fallo representa una nueva disputa entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad, en medio de un escenario de creciente conflictividad social. La decisión también refuerza el reclamo por la autonomía de CABA en materia de seguridad y gestión del espacio público.
