La semana pasada, la Justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que haga valer su autonomía en el territorio en materia de seguridad y coordine el operativo de la marcha del próximo miércoles 9 de abril que encabezarán jubilados junto a gremios agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), en la previa del paro nacional.
El Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, a cargo del juez Roberto Gallardo, le ordenó al Poder Ejecutivo que encabeza Jorge Macri que se abstenga de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad.
En respuesta al fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, desde el Ministerio de Seguridad presentaron este lunes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
El Gobierno acusó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". El fallo aceptó una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN (sindicato de judiciales) e impidió la intervención de fuerzas federales en la manifestación de jubilados prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso. Según dispuso la Justicia, en cambio, el operativo debe quedar a cargo de la policía porteña.
El conflicto siguió escalando, este martes, a horas de una nueva movilización, más de 30 jueces porteños a través de una nota conjunta dirigida al Consejo de la Magistratura, enfatizaron su "rechazo y profunda preocupación" ante la denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad contra el juez Roberto Andrés Gallardo.
En el texto, los jueces advirtieron que "el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias".
A su vez, apuntaron que la presentación de la cartera dirigida por Patricia Bullrich representa un menosprecio a la "independencia judicial" y la "autonomía porteña". En esta línea agregaron que "no puede soslayarse que el acierto o desacierto de una decisión judicial solo debe ser ponderado en una instancia revisora a través de los mecanismos procesales disponibles en el marco del trámite judicial correspondiente".
En síntesis, el texto dirigido a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura, se solicita que se rechace la denuncia "de modo urgente".
