Desde el año 2014 la Argentina se debe un debate serio sobre el futuro de los servicios públicos básicos domiciliarios, la soberanía energética, la justicia tributaria y el verdadero federalismo en la producción, transporte, distribución y consumo de los servicios esenciales.

Este primer párrafo no es más que una expresión de deseo, porque desde que comenzaron los ajustes tarifarios en materia energética con mayor intensidad, no pasamos de la discusión subsidio sí o subsidio no, cuánto aumenta la tarifa para los usuarios, y cuánto repercutirá en las rentabilidades empresarias esos incrementos.

Pero más allá de la coyuntura nacional en estos asuntos, entiendo que debemos aprovechar la emergencia del tema tarifas y aumentos, para entender más claramente de qué hablamos cuando hablamos de servicios públicos, de tarifas, de subsidios. De esa manera podemos entender qué se está haciendo, y hacia dónde quiere llegar el gobierno con su política hacia el sector

En el caso del gas, de la electricidad, y de las naftas, la tríada energética ha significado en los últimos años el componente de mayor quita del poder adquisitivo de los consumidores argentinos. Con el retiro paulatino de subsidios, que significaron un abrupto aumento de tarifas, los usuarios y consumidores continuamos cumpliendo con nuestras obligaciones de pago, pero ello significó menor consumo de bienes y otros servicios, estancamiento de la economía, y menor actividad y empleo.

A su vez, el menor aporte del Estado a la generación de gas, por ejemplo, no significó un fuerte incremento en las inversiones gasíferas públicas para ampliar los gasoductos; es más, se suspendió en Santa Fe la obra del gasoducto del sur, y el del NEA no sabemos si se termina.

Es decir que seguimos sin resolver la política de servicios públicos y sólo estamos poniendo el foco en el tema subsidios, tarifas y déficit fiscal. Y digo “estamos poniendo” porque lo considero como una decisión que toma un gobierno que hoy le toca representar a todos los argentinos.

Pero debo decir que están equivocando el rumbo. Y no podemos pensar en tarifas de la convertibilidad como teníamos hasta 2014, pero tampoco tarifas 2018 dolarizadas tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, con fuertes devaluaciones en cortos períodos de tiempo, y sin la consecuente recomposición de los ingresos de los usuarios y consumidores que utilizamos y abonamos esas tarifas en el mercado interno.

En definitiva, debemos avanzar hacia nuevas leyes nacionales que establezcan modernos marcos regulatorios, pensados en los nuevos desafíos, ya no de una época privatista como fue la década de 1990, pero tampoco con una mirada sólo estatal. Debemos ir hacia modelos mixtos, donde el carácter de servicio público y derecho humano no se negocie, donde el Estado fije con leyes fondos de financiamiento como políticas de largo plazo, al estilo la ley de educación, y donde el subsidio y las tarifas diferenciales sean para generar mayor equidad social y territorial teniendo en cuenta las asimetrías de consumo, de ingresos de los hogares usuarios, y de las posibilidades reales de desarrollo de todos los rincones del país.

Seguimos pensando en el corto plazo. En garantizar negocio para un puñado de empresas energéticas, y en cerrar números fiscales sin el consecuente plan de mitigación de esas medidas.

Y no sólo aumentamos tarifas, sino también compensamos a empresas por la devaluación, disminuimos los alcances de la tarifa social, eliminamos los topes máximos de aumentos fijados hace pocos meses, y seguimos detrás del bendito y maldito dólar el ritmo de las tarifas y los servicios.

Repito… digo “nos” porque entiendo que los argentinos debemos en esta oportunidad pensar juntos el futuro de los servicios… no como los piensa el gobierno de turno… pero sí cómo los debemos pensar los usuarios y consumidores.

Por Juan Marcos Aviano
Director Ejecutivo Cesyac - Centro de Estudios, servicios y asesoramiento al consumidor