La resolución emitida por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich que modifica el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y que permite un uso menos regulado a la hora de, por ejemplo, disparar, ha generado el rechazo de voces de diferentes sectores de la política y de los derechos humanos.

En nuestra provincia, el gobernador Miguel Lifschitz sostuvo este martes que "no tenemos prevista ninguna alteración respecto del accionar policial" al tiempo que indicó: "Tenemos leyes vigentes, la Constitución de la Provincia, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso".

En este sentido, la titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, criticó la resolución 956/2018 y la tildó de "inconstitucional",  y lo único que traerá "es más violencia". Para la defensora provincial, estas políticas represivas y comunicacionales "hacen creer a la gente que si aumentamos las penas y ahora les damos bandera libre a los policías y queda solamente a su criterio si dispara o no pero avalado por una norma que le dice 'ante la duda podés disparar', no estamos solucionando nada porque esto va a traer más violencia, más enfrentamientos con la policía y mayor cantidad de casos de abuso policial, que son muchísimos".

Desde el kirchnerismo, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, aseguró que esta reglamentación del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad "legitima los niveles de violencia institucional". "Está claro que esta reglamentación viene a legitimar una serie de conductas, lo que hace es legitimar aún más los niveles de violencia institucional que existen en la Argentina y claramente se va a desatar una situación mayor de violencia", expresó Rossi.

Asimismo, la referente de Nuevo Espacio Santafesino y diputada nacional Alejandra Rodenas publicó en su cuenta de Twitter que "el Ministerio de Seguridad oficializó la doctrina Chocobar en la reglamentación del uso de armas de fuego y se alejó un poco más del respeto por el Estado de Derecho". "Habilita su uso aún cuando el sospechoso no esté armado. Retroceso total y absoluto", agregó.

Por su parte, desde el Frente Social y Popular, el diputado provincial Carlos Del Frade presentará un proyecto la Cámara baja de la Legislatura para que se declare "su preocupación y rechazo a la resolución 956 que prácticamente legaliza el gatillo fácil", tal como anticipó en un tuit.

De parte de las organizaciones sociales, el abogado de Derechos Humanos y miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el Dr. Ismael Jalil, afirmó esta mañana por LT9 que que la resolución "no cumple con los pactos internacionales, leyes nacionales y resoluciones sobe manejo de armas de fuego. Borran todo de un plumazo".

Cabe destacar que uno de los puntos destacados del nuevo Reglamento afirma que los efectivos de las fuerzas harán "uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en casos como "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves" y "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas". 

Aunque otro de los puntos más criticados fue el Artículo 5º que determina cuándo se considerará que existe peligro inminente, que en su inciso c establece: "Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas".