El Fiscal General, Jorge Baclini, encabezó la reunión extraordinaria de la que participaron los fiscales regionales de Rafaela, Santa Fe y Rosario. Baclini adelantó que se informará formalmente a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo, y se solicitará que se profundicen las medidas de seguridad.

La Junta de Fiscales del MPA se reunió hoy en la ciudad de Rafaela y manifestó su firme repudio a la agresión que le propinó un hombre investigado penalmente y detenido al fiscal Guillermo Loyola mientras se desarrollaba una audiencia de medidas cautelares en los tribunales rafaelinos.

La reunión llevada a cabo este mediodía en la sede de la Fiscalía Regional 5 en la ciudad cabecera del departamento Castellanos, fue encabezada por el Fiscal General, Jorge Baclini, y contó con la participación de los fiscales regionales de Rafaela, Diego Vigo; de Santa Fe, Carlos Arietti; y de Rosario, Patricio Serjal.

"Manifestamos nuestro vehemente repudio a lo ocurrido. Una agresión como la que sufrió ayer el fiscal Loyola no puede volver a pasar", sostuvo Baclini. 

"Ataques como el que sufrió el fiscal demuestran el desarrollo de la actividad de investigación del MPA contra bandas delictivas organizadas. El MPA persigue delitos, y este tipo de situaciones no pueden ser un condicionamiento a nuestro trabajo", agregó.

"El MPA está solidarizado con la actuación de todos sus fiscales. Si bien ya venimos trabajando en algunas cuestiones relacionadas a su seguridad, esta agresión marca un antes y un después. A partir de ahora trabajaremos en profundizar la seguridad de los edificios del MPA y de los tribunales penales", anunció Baclini. "También pensaremos en medidas de seguridad puntuales para las salas de audiencias y para los pasillos de los tribunales y de las fiscalías. Además, deben evitarse todo tipo de situaciones de negligencia como puede ser dejar objetos contundentes cerca de los imputados. Este será un planteo que haremos a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y al Poder Ejecutivo", informó.

Por su parte, Vigo dijo que "el hecho de que se haya cometido un delito dentro de una sala de audiencias del Poder Judicial indica la gravedad institucional de lo ocurrido".