La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó locutorios para escuchas telefónicas online en la sede de la Policía Federal y se encamina a hacer lo mismo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para intervenir solo en casos de narcotráfico y otros delitos graves. La medida sobre este tema, sensible por la historia negra del espionaje político en la democracia argentina, se conoce mientras el Gobierno decidió usar la lucha contra las drogas como una de las banderas de la campaña electoral de este año.

Las escuchas se hacían, hasta ahora, solo desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA) ubicada en la Avenida de los Incas 3834.

Pero ante el incremento de las causas contra el narcotráfico, secuestros, desapariciones, prófugos y otros delitos graves, las fuerzas de seguridad pidieron tener boxes en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida.

Actualmente, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De éstas, "unas 300 necesitan de un escucha online por la gravedad de los casos", explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Cuando no hay urgencia, el equipo de la Dajudeco graba y luego manda los audios al juez, pero es distinto cuando se trata de un delito en que está en juego la vida de una persona u otro elemento de gravedad.

Además, como hasta ahora es muy difícil para los jueces de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dajudeco impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. Entonces, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”, argumentaron.

El proceso comenzó con la instalación y funcionamiento de once boxes en el Departamento Central de la Policía Federal que “fue un éxito” y ahora se extenderá a las otras fuerzas cuando la Corte lo autorice.

La creación de los locutorios se hizo “siguiendo un estricto protocolo y siempre bajo la orden de un juez”, precisaron las fuentes judiciales. Por ejemplo, la Gendarmería pasó de intervenir en 600 a 1.000 casos de narcotráfico y sus investigadores necesitan “pinchar”, en promedio, 50 teléfonos por día.

La habilitación de un cable de fibra óptica desde la sede de la Avenida de los Incas hasta esos locutorios en el Departamento Central de la Policía Federal "se hizo bajo una serie de normas” y el control de la Dajudeco que supervisa el miembro de la cámara federal porteña, Martín Irurzun, y su secretario letrado y candidato a juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte. Los boxes son auditados por la Dajudeco semanalmente en forma presencial.

Sin embargo, la intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad. Además, para entrar a los boxes hay un control biométrico y registros de aquellos que estén autorizados a escuchar o desgrabar las cintas.

La Dajudeco es la dependencia creada por la Corte y que por decreto del presidente Mauricio Macri heredó las escuchas judiciales que históricamente habían estado en manos de los servicios de inteligencia en la llamada oficina OJOTA.

En distintas etapas desde que se restauró la democracia, la OJOTA fue usada para escuchar ilegalmente a opositores y periodistas críticos, entre otras personas.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el juez federal Sebastián Casanello confirmó que fueron interferidos teléfonos de diputados opositores y periodistas en una causa aún abierta. A fines del 2014, luego de apoyarse en el polémico jefe del Ejército y director de Inteligencia del arma, general César Milani, Cristina descabezó la SIDE e hizo echar al director de Operaciones Antonio Stiuso,acusado de haber sido supuestamente autor de algunas de esas operaciones.

Luego del crimen del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, la ex Presidenta, en un acto más simbólico que efectivo, pasó la OJOTA de la SIDE a manos de la entonces Procuradora General de la Nación y militante K, Alejandra Gils Carbó. Cuando Macri asumió delegó las instalaciones de la OJOTA a la Corte porque desconfiaba de Gils Carbó.

A su vez, el año pasado la Dajudeco había sido criticada por abogados kirchneristas por la filtración de las escuchas a Cristina Kirchner y al ex titular de la SIDE Oscar Parrilli en la causa por la protección política al traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi.

Sin embargo, el Gobierno, la Corte y sectores del peronismo acordaron mantener la oficina en la órbita de la Justicia y darle un marco normativo más preciso a través de un proyecto de ley en el que trabajan los senadores justicialistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

En ese contexto, el año pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que las fuerzas de seguridad nacionales tienen en curso unas siete mil investigaciones "en las cuales se necesitan interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas federales coordinan con la Dirección en el marco de los protocolos y la ley".

"Las operaciones que llevamos a cabo día a día serían imposibles sin el profesionalismo de todas las partes involucradas en la inteligencia criminal", remarcó Bullrich. La inteligencia criminal depende de cada fuerza de seguridad y no tiene relación de dependencia con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex SIDE).

La Gendarmería, por su despliegue en todo el país de 665 bases fijas o móviles, es una de las más requeridas por los jueces provinciales. El incremento del narcotráfico la obliga a extenderse. Por ejemplo, en 1985 esta fuerza secuestraba 9 kilos de cocaína y el año pasado secuestró 12 mil kilos, recordó el director antidrogas de la GN, comandante Raúl Contreras.

El incremento de la acción de las fuerzas de seguridad tiene, también, su correlato en el plano judicial. El juez federal Sergio Torres tramitaba el año pasado 642 causas en su juzgado. En un informe, alertó que “existen una gran variedad de investigaciones, que su complejidad y voluminosidad conlleva la necesidad de asignación de recursos humanos y materiales específicos para su seguimiento exclusivo, incluso espacios físicos propios” en los juzgados.