Se cumplen cinco años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. Su puesta en marcha trajo aparejadas transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la Justicia Penal santafesina: oralidad, celeridad, publicidad, constitucionalización de los procesos y el rol activo de las víctimas son algunas de las modificaciones más sustanciales.

“Santa Fe dejó de ser la provincia más atrasada de Latinoamérica en materia procesal penal, y pasó a tener un sistema de vanguardia que es mirado como ejemplo por aquellas jurisdicciones que pretenden modernizar sus procesos”, sostuvo el Fiscal General del MPA, Jorge Baclini. “Todo el proceso se ajusta a los mandatos de la Constitución Nacional y a lo normado por los tratados internacionales en la materia. Además, ahora las víctimas de delitos tienen un rol preponderante y cuentan con el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales”, agregó.

 Procesos

“Luego de los primeros cinco años, podemos decir que estamos trabajando y avanzando fuertemente en la consolidación de procesos de gestión y de trabajo”, hizo hincapié Baclini. “Venimos realizando una ardua tarea de planificación –en la que también participan las cinco fiscalías regionales– en busca de lograr efectividad y calidad de nuestra política de persecución penal estratégica de fenómenos delictivos”, añadió.

El titular del MPA también se refirió a los recursos humanos: “En las cinco circunscripciones ha habido avances en la formación y fortalecimiento de grupos de trabajo, fundamentalmente en violencia de género, familiar y sexual; en homicidios y en los denominados delitos complejos. Además, pudimos avanzar en la conformación de áreas para la investigación de delitos ambientales y de casos de penal-económico”. No obstante, Baclini también reconoció que “aún no contamos con la cantidad de empleados, funcionarios y fiscales recomendada por todas las organizaciones internacionales especializadas en la temática”.

Datos

En las investigaciones iniciadas por el MPA a raíz de homicidios cometidos en la provincia, el índice de individualización formal –la identificación de al menos una persona como presunta autora del hecho– está a la altura de los estándares internacionales establecidos por Estados Unidos y por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU). “De acuerdo a los estudios que venimos realizando en nuestra provincia, en cerca de 2 de cada 3 casos de homicidios hay al menos una persona identificada como presunta autora del delito”, detalló Baclini.

Por otra parte, la cantidad de juicios orales y públicos muestra un crecimiento sostenido en estos cinco años. “El primer año de funcionamiento del nuevo sistema se realizaron 10 juicios orales y públicos en toda la provincia. En 2015 fueron 37; en 2016 se hicieron 69; en 2017 fueron 92; y el año pasado se llevaron a cabo 156 juicios orales y públicos en las cinco circunscripciones judiciales. Es decir, en los primeros cinco años ya se concretaron 364 debates”, destacó.

Organismo de Investigaciones

"La puesta en marcha del Organismos de Investigaciones es fundamental para comenzar a profesionalizar la investigación penal de los hechos que se afirman delictivos”, afirmó Baclini. En tal sentido, recordó que “recién a fines del año pasado juró su director (Marcelo Saín)”, no obstante manifestó que “ya se está avanzando en la formación de investigadores y en la realización de análisis criminal”.

 Autonomía

“En las diferentes provincias, el ministerio público suele ser el motor del sistema. En Santa Fe, sin dudas es así. Estamos convencidos que el MPA es el protagonista del cambio”, sostuvo Baclini. “Por eso entendemos que es indispensable que el MPA sea un ente independiente, autárquico y autónomo funcional y administrativamente. Todas estas cualidades sólo podrán ser logradas a través de una reforma de la constitución provincial”, argumentó.

 Más de 30 años

La transformación del sistema procesal penal santafesino comenzó a ser pensado en la década del 80 grupo de jueces y referentes académicos. Si bien eran minoría, ya advertían la necesidad de la transformación. Sin embargo, no tuvieron éxito y debieron pasar más de 25 años para que las modificaciones comenzaran a cristalizarse.

En 2007, la Legislatura provincial convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal. Un año antes, se había aprobado el denominado Plan Estratégico para la Justicia de Santa Fe. En 2008, los senadores y diputados santafesinos aprobaron la ley de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2013, el Poder Ejecutivo definió que el 10 de febrero de 2014 sería la fecha en la que se pondría en marcha el nuevo sistema.