La Justicia Civil  de Santa Fe ordenó al Estado provincial indemnizar a una víctima de la inundación que en 2003 dejó bajo las aguas del Río Salado la zona oeste de la ciudad capital por un monto de  $50.258.

El fallo estuvo a cargo de los jueces del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 4: María Georgina Rodríguez, Nora Vello y Gabriel Scaglia, luego de un proceso que se inició en 2005 a raíz de la denuncia de Rodolfo Oscar Langhi por daños y perjuicios contra el Estado provincial.

Los daños denunciados por Langhi fueron provocados en su oficina y vivienda particular ubicada sobre calle San Juan al 1624 de la ciudad de Santa Fe por el ingreso del agua el 29 de abril de 2003.

Con la sentencia conocida este lunes, los magistrados encontraron responsable al Estado de los daños y prejuicios provocados en la propiedad de Langhi, ubicada sobre calle San Juan al 1624 de la ciudad de Santa Fe, y mencionaron además una "mala praxis política y administrativa" por parte del gobierno, por entonces a cargo del gobernador Carlos Reutemann.

"Toda vez que las trágicas circunstancias y las dolorosas pérdidas humanas y materiales usualmente aparejadas por las inundaciones, sean puestas de manifiesto en un injustificado contexto de desamparo, ausencia o indebido retardo del accionar estatal (lo cual puede revelar directa o indirectamente acciones u omisiones constitutivas de mala praxis política o administrativa- a veces con efectos en multiniveles de gobierno-, comprometiendo ello diversas responsabilidades aplicables en la especie)", detallan los jueves en la hoja 27 de las 44 que tiene el fallo.

Y agregan: "La eventual comprobación fáctica de esta consecuencia, durante o después de los sucesos -además de agragar la indignante sensación ciudadana-, implica responsabilidades por la ausencia de un proyecto y obrar estatal, oportuno, adecuado, eficaz y coordinado que importe un manejo integral de las problemáticas en juego".

En este sentido, otra de las claves en la que hizo foco el tribunal es que no existió "un cierre integral de la región oeste-norte" del anillo de defensa de la ciudad contra el río Salado "a una cota tal que brindara un nivel de protección homogénea a todos los sectores".

En la sentencia se enumera también "la responsabilidad de la Provincia de Santa Fe surge al no cumplir con su obligación de controlar tales alternativas hidrológicas y climáticas, y no realizar obras de infraestructura adecuadas para evitar el desborde del río Salado".

"Dejar lugares abiertos a la altura de calle Gorostiaga en el Hipódromo de Santa Fe, no culminar los tres tramos de la obra construcción de la autopista de Circunvalación Oeste, para que cumpla funciones viales y al mismo tiempo de terraplén de defensa contra las inundaciones, y la errónea concepción del proyecto de terminación del tramo II, no prever la exigua luz de escurrimiento de las aguas de la autopista Santa Fe -Rosario, que hizo de dique, falta de planes de contingencia y alertas, deberes contemplados dentro de un mandato jurídico determinado en cabeza del Gobierno de Santa Fe, ante lo cual su falta de respuesta genera la pertinente", agregaron.

El monto

Según relató el abogado representante del damnificado, Oscar Radquievich, al portal UNO Santa Fe el "año ocasionado por la inundación en el inmueble fue por un monto total de $32.438,99. A su vez, también pidió resarcimiento por los daños ocurridos en bienes muebles por un monto de $14.320".

También denunciaron "daños derivados" o de otra naturaleza por $3.500 por el alquiler de una oficnia durante 16 meses para realizar labores profesionales y otras cuestiones similares. Y por último, "daño moral" por $3.000.

La suma que debe abonarle el Estado provincial a Langhi totaliza $50.258, siempre y cuando no sea apelado por la parte damnificada. En el caso de que quede firme, no se pagará a valor dólar actual sino en pesos argentinos contabilizando intereses desde el día que fue causado el daño en la propiedad.

Por último, la resolución judicial deja sentado un precedente histórico, ya que actualmente hay cerca de dos mil personas que demandaron al Estado provincial por daños causados por la inundación del 2003.