El proyecto “unificado” plantea que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y disponer un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. El plumeo del texto quedó en manos del Movimiento Evita.
Además, se dispone un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Desde el año próximo, el jefe de Gabinete estará facultado para “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC”.
La discusión pasa ahora por los datos que ofreció, de manera ágil, la Oficina de Presupuesto del Congreso, en cuanto a si para el vigente año corresponde un aumento de $4.061 millones u $10.489 millones. Es por ello que el oficialismo aún duda si apoyar en general la iniciativa y debatir ese artículo en particular, o si decide acompañar sin extender la discusión. Para el oficialismo, lo importante ahora es no tocar la meta fiscal y se basarán en otro artículo del “proyecto unificado”, que faculta al Ejecutivo a reestructuraciones presupuestarias, es decir, sacar de un lado para cubrir el hueco “alimentario”.
Fuente: Ámbito
