El diputado Joaquín Blanco (FPCyS-Socialistas) presentó un proyecto que otorga facultades al Poder Ejecutivo para garantizar la continuidad de las operaciones de Vicentín SAIC, defendiendo el interés público de la provincia de Santa Fe y sobre la base de los principios de federalismo, legalidad, transparencia, soberanía económica, defensa de los trabajadores y del sistema productivo santafesino.

“El gobierno de la provincia de Santa Fe deber tener un rol protagónico para que el problema de Vicentín tenga una propuesta santafesina de solución. Nos revelamos contra el hecho de que sea un asunto discutido y decidido en Buenos Aires. La salida tiene que ser pensada, acordada y liderada en el territorio santafesino”, señaló Blanco durante la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados. En la oportunidad, el legislador valoró el trabajo de sus pares de la Comisión de Seguimiento del Caso Vicentín, “surgida mucho tiempo antes de que este tema sea de debate central en la política argentina”.

“El presidente (Alberto Fernández) –continuó Blanco-, admitió estar abierto a propuestas alternativas y el gobernador (Omar Perotti) declaró que es necesario encontrar una solución superadora del proyecto de expropiación. Lo mismo sucede con los productores y las cooperativas afectadas. Esta Legislatura, entonces, no tiene que comentar la realidad que se discute en Buenos Aires, sino aportar a esa propuesta superadora de la que hablan el presidente y el gobernador. Es el momento de trabajar unidos para encontrar una solución que sea un gran acuerdo gestado en la provincia de Santa Fe y si hay participación estatal debe ser la del Estado santafesino”, afirmó.

“Buscamos un amplio acuerdo político –aseguró Blanco-, y por eso este proyecto lleva la firma de 30 diputados del bloque del Frente Progresista, Igualdad y Participación y Frente Social y Popular Ciudad Futura”.

De acuerdo a la iniciativa, el gobierno podrá auxiliar a las pymes productoras de granos y cooperativas de Santa Fe que hayan presentado verificación de créditos dentro del proceso judicial que lleva adelante el concurso preventivo de Vicentín, a través de la adquisición, mediante una negociación, de sus acreencias y derechos. El instrumento económico-financiero a utilizar para esa operación será el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia de Santa Fe, establecido en la Ley N° 13.622/17, “una herramienta que esta Legislatura le dio en su momento al gobierno y a través de la cual se puede lograr una salida negociada, evitando el grave impacto social que provocaría la quiebra de estos actores”.

Según el Banco de la Nación Argentina, hay 42 cooperativas de la provincia de Santa Fe involucradas, que representan una deuda de 7 mil millones. Asimismo, hay 755 productores que concentran una deuda de 16 mil millones de pesos, con un monto promedio de 21 millones.

“Ambos segmentos de acreedores grafican el impacto que tiene la paralización de Vicentín en la economía santafesina. Nuestra propuesta abarca solo a las pymes y cooperativas, por lo que requerimos información detallada al Banco Nación para precisar ese universo”, resaltó Blanco.

Reestructuración societaria y acción de oro

La iniciativa también faculta al Ejecutivo para que, en un plazo de 60 días, concerte con la empresa concursada una propuesta de reestructuración societaria que garantice la continuidad de las operaciones a fin de asegurar el sostenimiento, financiamiento y/o gestión de la empresa, preservando las fuentes laborales y los derechos de los acreedores. Además se deberá reunir y sistematizar información sobre las operaciones realizadas en los últimos diez períodos fiscales, la cual pasará a ser información pública.

“La trasparencia es fundamental; no puede haber impunidad en el caso Vicentín. Si se cometió un delito, tiene que haber sanción”, sostuvo Blanco.

La propuesta de reestructuración societaria deberá contemplar la modificación del Estatuto de la empresa, posibilitando la incorporación de acreedores públicos y privados nacionales, entre ellos productores y cooperativas, como accionistas; y la participación en el directorio de la empresa al gobierno provincial y a los trabajadores, representados a través de sus respectivos sindicatos. También deberá otorgar al Ejecutivo el poder de veto o “acción de oro” para decisiones estratégicas.

Por otra parte, el proyecto establece que el gobierno convocará a un comité de expertos interdisciplinario ad-hoc, constituido con referentes de amplia trayectoria de los sectores académicos, productivos y gremiales a los fines de asesorar al gobernador en la implementación de las acciones propuestas.

Asimismo, dispone la creación de una comisión bicameral compuesta por tres senadores y tres diputados a los efectos de monitorear el cumplimiento de los objetivos definidos, con facultades para consultar, asesorar y contribuir al respecto.