Las cadenas de supermercados regionales y pymes manifestaron que están sufriendo un proceso de desabastecimiento como consecuencia de los aumentos de precios de sus proveedores, a los que acusaron de tener “actitudes discriminatorias”. La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) solicitaron la urgente intervención del Gobierno.

Según denunciaron las cámaras, los supermercados más pequeños y los autoservicios reciben de sus proveedores aumentos de precios no autorizados por las autoridades nacionales y cambios en las condiciones de venta. Por ejemplo, a través de la eliminación de bonificaciones o descuentos o de la aplicación de cargos adicionales por costos logísticos, que antes estaban contemplados en el precio final de los productos.

Esta mañana en diálogo con LT9, la presidenta de la Cámara de Supermercadistas de Santa Fe, Elizabeth Raffin sostuvo que "en este último tiempo, algunas empresas acortan los plazos de pago y la incorporación del cobro de flete que no se hacía y estaba dentro de los costos el producto, que sería un aumento encubierto. No se da en todos los casos, pero los mismos proveedores, las industrias y las fábricas, tratan de ver como hacer para cubrir sus costos".

Además agregó que "hay una lista de precios máximos que determina el Estado que tiene un determinado costo, y sobre esa lista nos hacen descuentos y bonificaciones, y eso es lo que cambia, lo que se modifican son otros beneficios que antes tenían los supermercadistas".

"Esto no es algo que sucede ahora, quizás es relevante ahora porque los que recibimos la multa somos los supermercadistas pero no somos los que aplicamos el costo, no somos los formadores de precios", indicó.

"En su momento, rechazamos los aumentos pero no nos entregaban la mercadería, con lo cual se produce un desabastecimiento y nos genera una multa no tener los productos en la góndola, es complicada la situación en ese aspecto", precisó.