La diputada nacional del Frente de Todos por Santa Fe Patricia Mounier presentó un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina.

La legisladora santafesina propone, entre otras cuestiones, inhabilitar para ocupar cargos públicos a aquellos funcionarios que realicen declaraciones públicas que pongan en duda la existencia "de un plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de personas entre 1976 y 1983", publicó la agencia nacional de noticias Télam.

A través de la iniciativa, la diputada busca incorporar un artículo al Código Penal de la Nación para que se reprima con pena de prisión a quien realice declaraciones públicas tendientes a reivindicar, legitimar y/o minimizar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y eclesiástica.

La norma considera que "los comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de personas recién nacidas por parte de la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina entre los años 1976-1983, representan una falta de respeto al pueblo Argentino, particularmente a las víctimas".

Mounier consideró necesario “poner en consonancia" los "cuerpos normativos con la legislación comparada en materia de Derechos Humanos y de memoria histórica”.

Con la propuesta, la diputada impulsa “sancionar a aquellas personas que nieguen, reivindiquen, justifiquen, pongan en duda, promocionen o banalicen los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos por y durante el genocidio de Estado”.

Mounier agregó que esta actitud representa "una obligación estatal de reparación, de memoria, de verdad y de justicia para promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía pública de los mismos".

El proyecto propone además que, cuando los discursos de odio surjan desde las instituciones del Estado y de sus funcionarios, se procederá a la inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.

“No se puede tolerar la banalización de parte de funcionarios públicos del número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica, o que niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de personas recién nacidas”, afirmó la legisladora santafesina.