Un senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri, denunció por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los dos fiscales Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que habían pedido su desafuero, luego rechazado por la Cámara alta provincial, para imputarlo en una causa por juego clandestino.

Con el patrocinio del abogado José Luis Vázquez, Traferri realizó la presentación judicial para que se investigue a Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, publicó la agencia nacional de noticias Télam. Ambos funcionarios judiciales habían solicitado en diciembre pasado al Senado santafesino el desafuero del legislador, al entender que existían evidencias suficientes para imputarlo formalmente por su presunta protección política a un capitalista de juego clandestino llamado Leonardo Peiti.

La presentación de Traferri señala que, tras el rechazo al desafuero votado por el Senado el 18 de diciembre último, el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia obliga a los fiscales a archivar la causa. Sin embargo, Edery y Schiappa Pietra solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del artículo 27 CPP que impide formular una acusación a un legislador sin previo desafuero.

Ese planteo fue rechazado la semana pasada por una jueza penal de Rosario y apelado por los fiscales.

Para el abogado de Traferri, los fiscales actuaron “con dolo e intención de perjudicar” a su cliente al no archivar la causa, como establece el artículo 29 del Código. “Desde el 18 de diciembre que venimos solicitando que archiven las actuaciones contra mi defendido. Se lo pedimos telefónicamente y por correo, y no lo hicieron”, se quejó el abogado Vázquez.

“Eso demuestra que hay un dolo e intención de perjudicar y no cumplir con el primer deber que tiene un funcionario público, que es hacer lo que la ley manda”, añadió en declaraciones a radio LT8 de Rosario.

Los fiscales, en cambio, respondieron por escrito al letrado que el proceso continúa en marcha porque apelaron la decisión de la jueza que rechazó el planteo de inconstitucionalidad, por lo tanto aún no deben cerrar el caso.

El senador Traferri, del Partido Justicialista, fue acusado a fines del año pasado de ser “la pata política” que daba cobertura a Peiti, un capitalista de juego clandestino imputado por ese delito.

Peiti declaró en la causa como imputado colaborador –comúnmente conocido como “arrepentido”- y aportó datos que permitieron acusar con prisión preventiva por coimas al ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, y al fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad.

Este último fue quien en una audiencia señaló al senador Traferri como presunto protector de Peiti para el desarrollo de salas de juego ilegal en distintas localidades de la provincia.