Los presidentes de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, quedaron formalmente imputados por el exceso de público en los partidos de fútbol del último fin de semana por delitos que contemplan penas de prisión de hasta dos años.

D’Onofrio y Rapisarda quedaron imputados como máximas autoridades de la Comisión Directiva de cada uno de sus clubes, pero el avance de la investigación podría extender las acusaciones a otros integrantes de ambas conducciones, especialmente a quienes tenían responsabilidad directa en la organización de los partidos que sus equipos disputaron en calidad de locales.

Así lo confirmó el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, tras los allanamientos al Estadio Monumental dispuestos en la víspera por la fiscal a cargo de eventos deportivos del Ministerio Público Fiscal porteño, Celsa Ramírez.

La fiscalía a cargo de Ramírez había imputado a las comisiones directivas de ambos clubes por haber permitido que ingresaran a los respectivos estadios más concurrentes que los que habían sido autorizados mediante una disposición especial del gobierno que permitió el regreso de los simpatizantes a las canchas.

Pero ayer el fiscal general Mahiques explicó que, además del artículo 205 del Código Penal (que reprime la violación de normas dispuestas para controlar una pandemia), los directivos de ambos clubes pudieron haber infringido el artículo 239 de esa misma ley, que castiga a quien desobedeciere o se resistiera a una indicación de un funcionario público.

Las figuras que pesan sobre ambos dirigentes –como cabezas de sus respectivas comisiones directivas- son las mismas que se vienen aplicando en todos los casos de infracciones a la normativa dispuesta a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) desde el inicio de la pandemia en todos los fueros judiciales del país. De hecho, son los mismos artículos por los que están siendo investigados el presidente, Alberto Fernández, y todos los asistentes a la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez.

Durante el allanamiento concretado el lunes en River Plate fueron secuestradas cámaras de seguridad, servidores donde quedaron alojadas las imágenes del sistema de monitoreo, registros de los molinetes y documentación sobre el personal estable y contratado para el operativo de acceso a las gradas. Hasta anoche, el Estadio José Amalfitani, de Vélez, no había sido allanado pero fuentes de la fiscalía a cargo de Ramírez no descartaron una medida de esa naturaleza.

Tanto Rapisarda como D´Onofrio se defendieron y negaron las acusaciones

Los presidentes de Vélez y River, Sergio Rapisarda y Rodolfo D'Onofrio, respectivamente, se defendieron y negaron las acusaciones al argumentar que los clubes no incumplieron los protocolos dispuestos para el regreso del público.

"No hubo incumplimiento del aforo, cumplimos todos los protocolos correspondientes y presentaremos todas las pruebas en la Justicia. Nos tomó de sorpresa todo esto porque fuimos muy prolijos", se defendió Rapisarda en declaraciones al portal Doble Amarilla. Y agregó que "el público habilitado era de 16.300" y que esa cifra "no se alcanzó": "Todos los socios y abonados a palcos tenían un código QR y se los chequeaba en cada uno de los accesos", explicó el mandatario del "Fortín".

D´Onofrio, por su parte, señaló: "Como tenemos las cámaras, si hubo alguna irregularidad la vamos a detectar. Ya pedí en River que se haga un análisis profundo. Si entró más gente de la que te digo, hay que encontrar los responsables que lo hicieron, porque por el lado de River, con la tecnología que tenemos, no se permite hacer eso".