En la última sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL, realizado el miércoles 13 de diciembre, se aprobó un documento firmado por el decano Javier Aga, en donde queda expuesta la disconformidad de esta institución en cuanto a la reciente modificación a las leyes orgánicas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal de Santa Fe.
Es que, el pasado 30 de noviembre, la Legislatura provincial aprobó sobre tablas una ley que impone un sistema de controles directos sobre los fiscales y los defensores. Si bien los diputados y senadores ya contaban con la potestad de cuestionar, reprender y remover a la cabeza de ambos institutos (Acusación y Defensa), ahora, a partir de esta modificación, podrán hacerlo con cada uno de sus integrantes.
Siguiendo esto, la FCJS manifiesta su preocupación a través de un documento “por considerar que afecta sensiblemente la autonomía e independencia de las instituciones, comprometiendo principios y valores fundamentales como lo son los que se encuentran implícitos en los conceptos de república y de sistema de distribución y control de poderes del Estado, en clara violación al diseño institucional dispuesto en nuestra Constitución Nacional”.
“El procedimiento disciplinario propuesto por la reforma criticada, se plantea como objetivo la directa injerencia del Poder Legislativo sobre la actividad de los fiscales en los casos penales concretos que lleven adelante y, a través de ello, en la política de persecución penal del Ministerio Público de la Acusación”, reza el texto.
Un pedido al gobernador
En el comunicado realizado, la FCJS considera que “presente reforma legal hoy en debate público, implica un retroceso no solo por afectar el Estado Constitucional de Derecho sino que el mismo se materializó en forma inconsulta de todos los sectores institucionales competentes y con el debido debate amplio, plural y democrático, que debería ser la condición necesaria a la hora de reformar una norma de enorme implicancia institucional”.
Por lo tanto, se le solicita al gobernador Miguel Lifschitz “que analice la posibilidad de vetar esta reforma normativa, convocando al mismo tiempo, a un espacio de debate respetuoso y plural donde estén representados los tres poderes del estado, las organizaciones e instituciones profesionales, sociales y académicas en pos de realizar aportes que posibiliten alcanzar un acuerdo democrático en esta materia y saludable para los destino de nuestra invencible Provincia de Santa Fe”, según concluye el texto.
