Se instaló en el último largo tiempo un potente debate en el mundo respecto del daño ambiental provocado por las actividades humanas y de allí la necesidad de frenar la explotación descontrolada de los recursos naturales, sin que esto a la vez desemboque en una recesión global con serio impacto en la economía de países, empresas y personas.

En Argentina, por sus propias características en general, la discusión se polarizó entre dos grupos que podrían definirse, en líneas muy groseras, como ambientalistas y productivistas. En los dos recientes rounds de esta pelea, minería en Chubut y exploración petrolera en Mar del Plata, los contrincantes quedaron bien claros.

En este contexto, es necesario señalar que la economía de nuestro país padece un problema estructural: la restricción externa. Básicamente, no se genera la suficiente oferta de dólares (exportaciones) para atender a la demanda (insumos industriales, importación de combustibles, ahorro, turismo al exterior, pago de la deuda, incluso fuga), lo cual deriva en cíclicas crisis de devaluación y endeudamiento. En consecuencia, lisa y llanamente prohibir actividades que producen divisas es un camino seguro hacia la pobreza y la dependencia.

Pero además, las actividades extractivas son imprescindibles para la vida cotidiana. Durante esta ola de calor, por ejemplo, la queja razonable y unánime por los sucesivos cortes del suministro eléctrico venía acompañada por el clásico pedido de mayor inversión en el sistema. ¿Cómo esto podría ser posible sin más cobre? ¿O sin gas, que explica la mitad de la generación energética en la Argentina?

De ninguna manera lo antedicho implica dar luz verde a la alegre depredación ambiental. Ahí adquiere un protagonismo central el Estado en sus diferentes niveles: regulando, controlando e incluso participando en la explotación racional de los recursos naturales. Por supuesto que en ese campo también se pulsea fuerte, más allá de los slogans.

Hay casos verificables al respecto. Cuando surgió la polémica por la exploración y eventual explotación petrolera en Mar del Plata, el diputado nacional del PS santafesino Enrique Estévez tuiteó: “Una vez más el Gobierno Nacional demuestra que no tiene la voluntad para comenzar un proceso serio que frene la destrucción del ambiente y cuide nuestros recursos naturales. Su interés por el cuidado del ambiente quedó sólo en un spot de campaña”. El legislador de la oposición es también autor de uno de los proyectos de Ley de Humedales, lo cual certifica su preocupación por el tema.

El problema de las sentencias políticas en redes sociales es que impiden matices y terminan revelando inconsistencias. Apenas asumió Hermes Binner en la Casa Gris, primer gobernador de la historia perteneciente a la fuerza política de Estévez, vetó una ley que bloqueaba la instalación de nuevos acopios y plantas de procesamiento de cereales dentro de los ejidos urbanos, cuyo origen era el reclamo de vecinos y vecinas de localidades agropecuarias por el riesgo cierto de contaminación ambiental. Aquella decisión oficial tuvo, por supuesto, el beneplácito de los empresarios del sector.

En la misma línea, durante varios años la entonces diputada socialista y productora agropecuaria Inés Bertero, con el acompañamiento de los diferentes gobiernos del Frente Progresista, impulsó -sin éxito- la reducción de los límites a las fumigaciones con agroquímicos de 500 a 200 metros de las poblaciones. Como dato de color: la ex legisladora es la madre de Estévez. Otro tanto podría decirse de varios senadores justicialistas y radicales, con intereses personales en el rubro, que hicieron caer propuestas de endurecimiento regulatorio en reiteradas oportunidades.

Lo del PRO es aún más curioso. Fue durante la presidencia de Mauricio Macri cuando se licitaron y adjudicaron 18 áreas petroleras off shore en la costa atlántica argentina, incluidas las tres previstas en la zona de Mar del Plata (a una distancia de 300 a 400 kilómetros de la playa, vale decirlo). Cuando ahora el ministerio de Ambiente de la Nación habilitó los trabajos de exploración, el intendente macrista Guillermo Montenegro anunció presentaciones judiciales en contra. En las filas de esa fuerza también se inscribe Juan Carlos Villalonga, fundador del Taller Ecologista de Rosario, director político de Greenpeace durante 16 años, funcionario de Macri en CABA y diputado nacional de Cambiemos por ese distrito desde 2015 a 2019, conocido también por su campaña en contra de la construcción de un reactor por parte del INVAP con el argumento -fallido- de que se pretendía transformar a la Argentina en un basurero nuclear.

En la correcta administración de la tensión entre cuidado ambiental y desarrollo económico se escribe una parte no desdeñable de nuestro presente y futuro. Sería deseable que se haga con buena letra.