El gobernador Omar Perotti evalúa una decisión drástica para reducir la brutal ola de violencia e inseguridad que sacude a los principales centros urbanos de la provincia: prohibir la circulación de motos con acompañante.

Así surge del decreto N° 460 del 28 de marzo de 2022, mediante el cual se habilitó a la policía a retener motovehículos cuyos conductores no puedan acreditar su dominio, o como se le dice en criollo, que no tengan papeles. En un párrafo de los considerandos se indica que “las medidas de prevención que se disponen en el presente deben entenderse sin perjuicio de otras que puedan adoptarse a los mismos fines, como podría ser la restricción de la circulación de más de una persona en un mismo motovehículo después de determinadas horas de la jornada, en especial en los grandes centros urbanos; según lo aconsejen las circunstancias y la evolución del mapa del delito y sus modalidades, o conforme surja del intercambio de opiniones que se produzca en el marco de las deliberaciones de la Junta Provincial de Seguridad o instancias participativas similares”.

Semejantes medidas tienen su argumento en el mismo decisorio: “Que se advierte en el informe de la Policía de Santa Fe ‘Análisis de Delitos Predatorios’ la preeminencia de tal modalidad en hechos delictivos en la vía pública registrados en las ciudades de Rosario y Santa Fe; Que tal circunstancia se debe a que este tipo de vehículos posee alta capacidad para la huida a diferencia de otros, como así permite la circulación en cualquier tipo de terreno independientemente del material de los caminos o de sus dimensiones, lo que fomenta su elección como medio de transporte para la comisión de distintos tipos de delitos que atentan contra la vida, la propiedad y la paz social”. Cualquier persona que viva en los dos grandes aglomerados urbanos de la provincia puede dar cuenta de ello.

Para poder llevar adelante esta decisión, que seguramente traerá polémica, no alcanza con un decreto. Es necesaria una ley, en tanto se trata de una restricción al derecho de transitar libremente. La Legislatura será el epicentro de la discusión.

Eso es lo que hizo la provincia de Tucumán a principios de 2020, con el impulso del gobernador Juan Manzur (hoy de licencia por ser jefe de gabinete de la nación). En esa jurisdicción, en todo el territorio y durante las 24 horas del día, tienen prohibido circular dos personas en una misma moto, salvo quienes tengan un permiso oficial o por razones de fuerza mayor.

También la Legislatura de la provincia de Buenos Aires adoptó una determinación similar en 2019, a partir de un proyecto de Carolina Píparo y otros legisladores del ex Cambiemos y con el aval de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, con la oposición del peronismo pero por razones de “fallas de técnica legislativa”. En este caso se habilita a los municipios a definir zonas y horarios de aplicación.

No es un debate exclusivo de la Argentina ni mucho menos y trasciende fronteras ideológicas. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo envió en febrero un proyecto de ley de las características ya mencionadas, mientras que en Ecuador avanzan hacia la extensión de la medida durante las 24 horas del día, que ya rigen en una franja horaria más acotada en Guayaquil y su conurbano.

El origen de acciones de este tipo se ubica, previsiblemente, en Medellín, Colombia. Los asesinatos ejecutados por sicarios que se movilizan en motos se masificaron desde que el célebre Pablo Escobar Gaviría advirtió que varios de sus soldados caían detenidos porque sus autos quedaban atrapados en  embotellamientos de tránsito. En 2012, en consecuencia, se estableció la prohibición del acompañante, allí conocido como parrillero. Sin embargo, en 2015 un tribunal volteó la norma por considerarla inconstitucional.

En Rosario, según un informe del diputado provincial Leandro Busatto de 2018, el 48% de los asesinatos vinculados al narcotráfico se concretó desde autos o motos. Como se suele decir en estos días por variados motivos: situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias.