Con un escrito de 21 páginas que lleva la firma del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, el directorio de Vicentin reclamó que el expediente vuelva a ser tramitado por el Juez Civil y Comercial de Reconquista, Dr. Fabián Lorenzini.

El presidente de Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, había pedido el expediente y suspendió los plazos del concurso. Desde la empresa se había señalado que la mitad de los acreedores habían manifestado su conformidad con la propuesta de pago y se esperaba un eventual aval de los dos tenedores del 67% del capital adeudado, las dos condiciones para que se homologue el acuerdo.

En el escrito judicial presentado por Vicentin se argumenta que “no hay norma legal alguna que autorice” a la Corte santafesina a “sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social”.

Se señala que el escrito que solicita el avocamiento tendría “groseras falsedades”. Se refieren al pedido de Commodities SA, uno de los acreedores, que habría alegado la existencia de graves y fraudulentas circunstancias en los trámites concursales, que a su criterio ocasionan un caso de interés institucional para que la Corte se avoque a su conocimiento.

Al respecto, desde Vicentin afirman que “durante la tramitación del concurso Vicentin no ha incurrido en nuevas deudas post concursales, ha pagado todos los salarios e impuestos, ha mantenido las plantas funcionando, no ha habido despidos y las únicas deudas de la sociedad son las que se verificaron en el concurso. Actualmente, la empresa “se sustenta en fazones (servicios a terceros), dado que Vicentin no compra granos ni vende harina o aceite”.

Aseguran que “no hay gravedad institucional alguna y que, por el contrario, la gravedad institucional sólo se podría provocar si la Corte, en medio de un proceso concursal complejo como el que se desarrolla, decidiera avocarse a la presente causa”.

Concluyen que de no revocarse el avocamiento, acudirían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio del Recurso Extraordinario Federal, previsto en el art. 14 de la ley 48, así como en normas y jurisprudencia concordante, atento a que “se han vulnerado derechos constitucionales de primer orden, como el principio de legalidad, el derecho de defensa en juicio, o la garantía del juez natural”.

Pedidos al presidente y al gobernador

Por otra parte, la Comisión de Seguimiento de Vicentin volvió a pedirle al presidente Alberto Fernández y al gobernador Omar Perotti que se involucren en una “salida política” para la agroexportadora en default, como llamó al “salvataje” con participación del Estado y los acreedores que asuma el control de la empresa y desplace a catorce directivos imputados por supuestas “estafa, defraudación y balances falsos”, entre ellos Omar Scarel, el ex síndico que hoy preside el directorio. 

“Desde la Legislatura siempre hemos planteado la necesidad de una salida política para Vicentin. Este es el momento”, dijo el diputado Luis Rubeo, al insistir que los tiempos han cambiado desde julio de 2020, cuando Alberto decretó la intervención de la cerealera, pero después se arrepintió y anuló su propio DNU. “Me da la sensación de que hoy ya nadie saldría a la calle con el cartelito: ‘Todos somos Vicentin’” para oponerse a que Estado evite la caída de la empresa más importante de Santa Fe y la desnacionalización del comercio de granos en la Argentina. “Necesitamos que Perotti tome cartas en el asunto”.

Rubeo dijo que la decisión de Gutiérrez lo “sorprendió gratamente” porque “si el proceso seguía en manos del juez Lorenzini hubiéramos terminado en un escenario que hubiera violado una cuestión fundamental, que el patrimonio de la empresa que está enajenado se utilizara como garantía de un concurso que viene muy controvertido”. “Es importante que la Corte” pueda encausar este proceso que “viene altamente controvertido”, agregó.

Le preguntaron si después de la decisión de Gutiérrez habían tenido comunicación con la Corte. “No hablamos con nadie”, respondió Rubeo. “Analizamos la posibilidad de conversar con la Corte”, pero después la iniciativa se desestimó porque “no queremos llevar adelante ninguna acción que pueda ser mal interpretada”.