Varias de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el multitudinario acto por el Día de la Militancia en el Estadio Único de La Plata tienen resonancia en la provincia de Santa Fe y prefiguran una incorporación temática decisiva, para bien y mal, en el debate electoral de 2023.
“La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué”, disparó la vicepresidenta casi al arranque de su discurso. De esa consideración se pueden extraer varias interpretaciones. Y la primera es la más obvia: la problemática de la inseguridad es una demanda sin solución que afecta y corroe a la base electoral del kirchnerismo, es decir los más pobres y desprotegidos. Las altas mediciones que registra Patricia Bullrich en cualquier encuesta se explican por su áspero enfoque sobre el asunto.
Pero además, proyectado también hacia nuestra jurisdicción, y en particular hacia la hipersensibilizada Rosario, hay una reivindicación de los cinematográficos operativos desplegados durante el último gobierno de CFK en los distritos más calientes. Y lo cierto es que, en términos de los objetivos buscados, fueron exitosos: hubo una ocupación masiva de los territorios estragados por la violencia y, como pocas veces antes o después, los vecinos de esos barrios pudieron caminar tranquilos hasta la parada del colectivo o los chicos jugar en las plazas sin temor a ser acribillados en medio de una escaramuza narco.
Sin embargo, esa frase de Cristina no contiene sólo un sesgo autocelebratorio sino también, claramente, una bofetada a las actuales gestiones del área de Seguridad de Nación y Provincia de Buenos Aires, más allá de plantear que “ningún partido político pude resolver el problema”. Si se traslada ese enfoque a Santa Fe, los resultados de la experiencia de estos últimos 3 años eximen de mayores consideraciones.
En otra temática abordada por la ex presidenta se puede encontrar un eco santafesino. “Tenemos una inflación de 6,3%. Cuando uno ve el desagregado, ve que las telecomunicaciones, tu telefonito, la internet de tu casa, fue del 12%, el doble. Eso es porque hubo jueces que dijeron que el decreto que las declara un servicio público regulado no se debe aplicar”, apuntó.
En ese sentido, el gobierno provincial presentó un proyecto a fines de 2020 para ampliar el servicio de Enerfe, la empresa con participación estatal mayoritaria que hoy ejecuta la obra del Gasoducto Metropolitano, de manera tal de intervenir en todos los segmentos del negocio de las telecomunicaciones. La propuesta, que fue objetada por las compañías del sector por entender que implicaba una suerte de competencia desleal, descansa en paz en la Legislatura.
La otra iniciativa relacionada con el tema, la que se conoció como Ley de Conectividad, sí logró aprobación legislativa, no sin demoras y reproches. Al respecto, conviene observar un reciente informe del Centro de Estudios para la Producción XXI, del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Allí se indica que “un aumento de 10% en la velocidad de conexión está asociado a un aumento de entre 3,6 y 8,1% en el empleo formal en una localidad” y que “un aumento del 10% de la velocidad de conexión está asociado a una mayor probabilidad de que la localidad registre empleo en SSI (entre 1,2 y 1,8 puntos porcentuales)”. “La evidencia sugiere que la inversión en infraestructura digital es clave para el desarrollo de un sector de alto valor agregado, altos salarios y de gran potencial exportador”, sintetiza.
Estas nuevas modalidades productivas, asociadas a la vertiginosa revolución tecnológica, deberán necesariamente formar parte de la nueva “Argentina que tuvimos”.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
